Chile sigue desoyendo las recomendaciones del 2007

El análisis de Norberto Liwski

“Uno de los puntos más críticos en nuestra América Latina es la lentitud  con la que los Estados asumen políticas activas de protección y  promoción de derechos para los niños de las diferentes etnias y comunidades indígenas”.

“Indudablemente  en las sociedades  democráticas  el camino correcto de acción sobre la justicia  y sobre justicia penal juvenil debe sujetarse fuertemente a lo que la Convención  ha venido marcando y a lo que el Comité de Derechos del Niño le ha ido recomendando a cada uno de los Estados”.

Comunicaciones ANIDE

En 2007 Norberto Liwski era Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas  y recuerda las observaciones que el organismo formuló ese año al Estado de Chile en relación a su informe de cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas  y jóvenes mapuche.  Actual presidente de la Sección Argentina de Defensa de Niños y Niñas Internacional, DNI , Liwski reconoce que los motivos de preocupación subsisten y se han agravado.

-¿Puede decirse que el ordenamiento penal en América Latina respeta o promueve los derechos de niños, niñas y jóvenes?

-A partir de la Convención en las legislaciones de América Latina ha habido  adecuaciones de las leyes vinculadas con la  protección con énfasis en políticas como la de los patronatos de menores o la protección del menor en situación irregular. Sin embargo, en el plano penal las circunstancias se presentan con diferentes características y aún no podríamos hablar de haber encontrado respuestas acordes con los principios. Esto implica que algunos estados han elegido avanzar con prioridad por sobre las leyes de promoción  y protección formulando las leyes penales  de responsabilidad penal del joven. Otros Estados han otorgado prioridad a definir leyes especiales, desconociendo las que habían promulgado antes respecto de la responsabilidad penal juvenil. Esto lo hemos visto en relación a las maras, en América Central. También hay países que mantienen vigentes legislaciones anteriores a la Convención y aún no las han actualizado en el marco de las disposiciones y principios del Tratado Internacional de Derechos Humanos. La realidad es que tenemos un mapa muy heterogéneo y sumamente condicionado a factores que son muchas veces ajenos a los derechos de niños y adolescentes.

-En las sociedades democráticas, ¿cuál es el deber de los Estados al abordar los derechos de los niños, niñas y jóvenes?

-Indudablemente  en las sociedades  democráticas  el camino correcto de acción sobre la justicia  y sobre justicia penal juvenil debe sujetarse fuertemente a lo que la Convención  ha venido marcando y a lo que el Comité de Derechos del Niño le ha ido recomendando a cada uno de los Estados. Particularmente el comentario general número 10 del Comité de Derechos del Niño del año 2007, ubicado como el documento de mayor actualización en materia de justicia penal y derechos del niño en la justicia penal, alumbra cuáles son las responsabilidades  de los Estados democráticos para generar un marco legislativo acorde con estas faltas. En tal sentido, las garantías del debido proceso, la utilización de la privación de la libertad como último recurso y, entre otros aspectos, la posibilidad de que las edades mínimas penales se sitúen en los niveles  más altos que sea posible para cada país son algunos de los elementos que estarían marcando cuáles son las líneas sobre las que los Estados democráticos deberían encauzar  sus legislaciones penales juveniles.

-¿Qué papel cabe a los movimientos sociales en el ámbito del reclamo y el cumplimiento de los Derechos del Niño?

-El período transcurrido desde  la adopción de la Convención, hace 22 años, ha mostrado que las organizaciones sociales en sus distintas expresiones, en  sus diferentes modos organizativos y de representatividad, constituyen el verdadero motor transformador respecto no sólo de cuáles son los enunciados de  los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también respecto de crear las condiciones políticas y sociales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos consagrados.  La sociedad civil organizada, en la medida en que se moviliza en esta dirección, es además la principal barrera contra otras corrientes de pensamiento que prefieren ignorar los compromisos asumidos por los Estados respecto de, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño, o bien intentan sustituir esos compromisos con nuevos mecanismos que contrarían los principios y las disposiciones aprobadas.

-¿Los niños, niñas y jóvenes también pueden o deben  luchar por sus derechos?

-En la Convención se establece el principio de promover y facilitar la movilización y organización de las instituciones compuestas por los propios adolescentes.  Los jóvenes tienen su garantía de expresión en el artículo 15 de la Convención sobre  Derechos del Niño, en la cual se manifiesta claramente el derecho a asociarse, a participar y a hacerlo obviamente con fines pacíficos, pero los reclamos en este sentido deben tener a los adolescentes como parte del ejercicio de los derechos consagrados por la propia Convención que los Estados han ratificado.

-¿Cómo evalúa usted la situación de los Derechos Humanos en lo que se refiere a los niños y niñas indígenas?

-Uno de los puntos más críticos en nuestra América Latina es la lentitud  con la que los Estados asumen políticas activas de protección y  promoción de derechos para los niños de las diferentes etnias y comunidades indígenas. El Comité de Derechos del Niño en todas las conclusiones finales a sus informes periódicos ha señalado su  preocupación por este tema. Incluso el año 2003 se convocó a una actividad en el Comité de Derechos del Niño en Ginebra, que tuvo por finalidad abrir un debate mundial en torno a las dificultades específicas que obstan para que los niños indígenas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, así como destacar las medidas especiales que los Estados deberían adoptar para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños indígenas. En 2007, siendo yo miembro del Comité de Derechos del Niño, tuvimos el compromiso de producir la Observación General  número 11  que es uno de los documentos en materia de derecho de los niños indígenas que tiene mayor actualidad y que deberíamos trasladarlo a las realidades concretas de cada país.

-A  la luz de los principios que dan forma a la Convención y de acuerdo a las observaciones a qué Ud. alude, ¿qué puede decirse en particular de lo que ocurre en Chile con los niños y niñas mapuche?

-En esa singularidad que tiene cada una de nuestras  naciones, y en el interior de cada una de nuestras naciones las diferentes realidades de las comunidades indígenas, especial preocupación se produce respecto de  los niños mapuche. Siguiendo con la línea de análisis que nos propone el Comité de Derechos del Niño -que constituye a su vez una relación vinculante con los Estados-, es necesario  destacar que en abril del año 2007,  a raíz del la presentación del Informe Periódico de la República de Chile al Comité de Derechos del Niño, éste definió claramente algunas de sus preocupaciones, en el  capítulo 73 de ese informe, cuando decía que el Comité lamenta que aun no se haya incorporado en la Constitución disposiciones específicas que reconozcan a los pueblos indígenas sus derechos. También expresaba su preocupación por la relación entre la pobreza y el origen indígena y por la discriminación de hecho que siguen sufriendo los niños indígenas, en particular en la educación y la salud. En el mismo informe de 2007 señalaba el Comité su preocupación por  la información recibida sobre jóvenes indígenas que habían sido víctimas de maltrato a manos de la policía. Por último, el Comité lamentaba que no se hubiera presentado información detallada sobre los niños indígenas en el informe presentado por el Estado parte.

 -Según lo que Ud. observa, ¿cómo ha evolucionado la situación en este ámbito?

-Creo que los hechos que han sido de público conocimiento en el último período han venido lamentablemente a confirmar la preocupación que expresara el Comité en el 2007. En particular me provocan preocupación y alarma estudios hechos con criterio diagnóstico como el  elaborado por la Unidad de Salud Intercultural del Servicio de Salud de Arauco en un jardín infantil de la zona del lago Lleulleu,  en donde queda demostrado que el nivel de estrés de esos niños es altamente superior que en niños de la misma edad en otras regiones del país. Y el estudio da cuenta de que este alto nivel de estrés, con una sintomatología muy variada, responde al  frecuente y recurrente accionar policial sobre las familias y las comunidades mapuche, en donde las situaciones de violencia que esta intervención genera repercuten negativamente en la vida de los niños.  Por otro lado, otra gran preocupación ha sido que en el mes de junio del presente año se ha conocido que la Corte Suprema validó el uso de la Ley Antiterrorista durante el procedimiento de investigación del juicio de los comuneros de la Coordinadora Arauco Malleco. En particular a mí me inquieta que en este juicio les sea aplicada la Ley Antiterrorista a menores de 18 años. Esto son algunos de los antecedentes que están indicando  la necesidad de una modificación en las políticas públicas respecto de la comunidad mapuche y de los niños y niñas mapuche en particular.

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