Cuentas pendientes: entrevista al abogado Roberto Garretón

Comunicaciones ANIDE

El país libró una valiente lucha contra los abusos de la dictadura, pero éste no es un tema prioritario hoy. Aún más: el déficit en derechos humanos se agrava por la situación del pueblo mapuche, la penalización del aborto,  la no erradicación de la tortura y la situación de una prensa monopolizada por los dos únicos diarios que la Junta Militar permitió que siguieran existiendo después del 11 de septiembre de 1973.

El abogado Roberto Garretón fue jefe del área Jurídica de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet  y desde 2010 integra el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el intertanto le ha tocado actuar en otras situaciones extremas de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, como las ocurridas durante la guerra civil en el antiguo Zaire, hoy  República Democrática del Congo.

“En 1997 fui comisionado por el Secretario General de la ONU para evaluar en esa zona del Africa la situación de derechos humanos en lo que fue una abierta guerra continental, la más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial, que dejó un resultado de  5 millones de muertos”, relata Garretón. “Entonces se  vivían varias guerras al unísono; podría hablarse de hasta diez guerras simultáneas en terreno congolés: entre Ruanda y el Congo, entre Uganda y el Congo, entre Ruanda y Uganda, pero además participaban con armas otros países, en algunos momentos burendeses, en otros momentos sudaneses, chadianos, de la República Centroafricana, de  Zimbawe, Angola, Namibia , etc.”

¿Cómo afecta a los niños y niñas una crisis bélica de esa envergadura?

-Está en todos mis últimos informes la denuncia del reclutamiento de niños soldados por parte de todos los sectores, en particular los ugandeses y ruandeses. Pero lo peor era que quienes  reclutaban a esos niños eran congoleses, al servicio de unos bandos y de otros, que se llevaban enormes cantidades de niños para usarlos en la guerra contra su propia patria. Por esa situación el Tribunal Penal Internacional, que considero una gran conquista de la humanidad, tiene alrededor de seis personas procesadas, todas de nacionalidad congolesa. Y ante esa Corte he asistido como testigo para declarar básicamente sobre reclutamiento de niños en los conflictos armados.

-En sus informes a la ONU se refería a los niños como víctimas de la guerra. ¿Había otras situaciones que afectaran a las personas menores de edad en sus derechos humanos?

Una situación específica que denuncié permanentemente era la discriminación contra los niños, o entre los niños, derivada de que los padres acostumbraban a dar educación sólo al hijo mayor  y no al resto de los hijos e hijas. Es una realidad muy arraigada en la cultura africana que el Estado no abordaba, siendo que todo Estado tiene la obligación irrenunciable de promover la igualdad. El Estado congolés no adoptaba políticas públicas para enfrentar y poner término a esta situación y eso aparece también en mis informes.

-¿Cree Ud. que se han logrado avances prácticos en la aplicación de los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño?

-Hasta 1948 no había normas de derecho internacional en el ámbito de los niños; había solo unas pocas normas precarias en algunas legislaciones europeas. Desde 1948  hasta hoy comienza una construcción de declaraciones, pactos, tratados. En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre Derechos del Niño; desde el año 90, cuando se adopta la Convención de Derechos del Niño (sólo Estados Unidos y Somalia no la han ratificado), la situación de los niños, las niñas y los jóvenes comienza a ser un problema de derecho internacional; más tarde hay  declaraciones adicionales y se crea un comité que vela porque los estados suscriptores cumplan la Convención. Hay, por lo tanto, avances importantes en términos de instrumentos y de normativas cuyo cumplimiento es obligatorio para los Estados.

-Sin embargo, los organismos que se ocupan de los derechos de niños y niñas están permanentemente reclamando por situaciones atentatorias en este ámbito en numerosos países.

-Es verdad que hay un lado no positivo: no todos los Estados cumplen. Pero, de todas maneras, hay una sociedad civil preocupada de los derechos del niño. En tal sentido lo más fantástico que ha ocurrido en todo el mundo es el desarrollo cultural vinculado con el tema de los niños y de los derechos humanos en general. Hace 50 años un buen gobierno era el que construía caminos o escuelas, que promovía la salud o administraba  bien la economía. Hoy se evalúa a un gobierno también por la forma y la medida en que respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto es nuevo y hay que valorarlo.

-En Chile hubo un movimiento fortísimo a favor de los derechos humanos en los tiempos de la dictadura militar. ¿Esa preocupación ya no existe o no es necesaria?

-En la situación que el país vivió durante la dictadura de Pinochet hubo un movimiento y actores muy importantes que lideraron organismos encargados de defender a las personas frente a los atentados que sufrían en sus derechos, un Helmut Frenz, un cardenal Silva Henríquez, destacados obispos y sacerdotes católicos y pastores de iglesias evangélicas. De esos organismos sólo quedan el Fasic y el Codepu, pero no con la misma fuerza; hay siempre defensores de los derechos humanos, pero no tienen apoyo financiero, tampoco tienen apoyo del Estado;  el Estado no los promueve, no los crea, no forman parte de la clase política.

-Usted trabaja en el ámbito internacional. ¿Cómo se ve a ese nivel la situación existente hoy en Chile?

-Chile tiene presencia internacional,  trabaja en la Comisión de Derechos del Niño, en la Comisión contra la Tortura, en el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero Chile hoy no es líder en la promoción de los derechos humanos porque no es el tema prioritario y porque tiene cuentas pendientes: el tema mapuche,  a nivel nacional circulan solamente dos diarios, de la misma tendencia  y que son los mismos que fueron autorizados en el Bando 15 de la Junta Militar de Gobierno del 11 de septiembre de 1973; la tortura no está erradicada, aunque no tiene la amplitud de los tiempos de la dictadura; Chile ratificó el Convenio contra la Tortura pero no ha implementado una política para su erradicación.

-¿Cómo aparece evaluado el país en los informes de los organismos internacionales de derechos humanos y qué efecto práctico pueden tener esas evaluaciones?

– Chile está  mejor que una enorme gama de países donde se viven situaciones atroces; pero no nos puede contentar eso. En cuanto a la evaluación internacional, sobre todo cuando las hacen expertos, es eficiente. Por ejemplo, el  Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en que yo participo,  ha recibido y examinado denuncias desde muchos países y, de acuerdo a  sus métodos de trabajo y en los casos que corresponde, se adoptan las medidas apropiadas para rectificar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad.

-¿Desde el punto de vista de la legislación penal, le parece a Ud. que desde el retorno de la democracia el país ha avanzado en la defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes?

-Chile figura entre los países de América Latina que han implementado políticas de seguridad interna que afectan los derechos de los jóvenes al rebajar la edad de la responsabilidad penal a menos de 18 años. Es lo mismo que pasó en Panamá, en Guatemala y En El Salvador en el combate contra las maras. Eso lo he criticado permanentemente.

-¿Y por qué ocurre?

-Porque en la sociedad ha surgido una demanda de seguridad nacional de raíces tan fascistas como la doctrina de seguridad nacional imperante bajo la dictadura: ambas satisfacen las demandas de los discriminadores; dividen entre buenos y malos y promueven la represión;  con exigencias y amenazas de mano  dura, de tolerancia cero, de tratamiento judicial de los niños como si fueran mayores. De allí también la Ley Antiterrorista, que es una ley perversa  hecha por legisladores que el pueblo no eligió y que describieron como terroristas conductas que nunca lo han sido, respondiendo a los intereses de Pinochet y del pinochetismo. Se le han  hecho algunas mejoras, pero la esencia de la ley sigue siendo la misma.

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