Denuncias ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,en su 18º período de sesiones realizada en Ginebra, conoció el testimonio de dos miembros del pueblo mapuche –el joven FP, de la comunidad José Jineo Ñanco, de Rofúe,  y el machi Fidel Tranamil, del territorio Makewe- en relación a graves abusos sufridos de parte de agentes del Estado de Chile.

FP detalló la dramática experiencia de secuestro y tortura que  vivió en octubre de 2009, cuando fue perseguido en helicóptero, baleado y sometido a todo tipo de apremios físicos y sicológicos por parte de funcionarios de Carabineros.  Por estos hechos “se presentó una querella criminal, trasladando el caso a la justicia militar, investigación que hasta la fecha no entrega resultados concretos”, afirmó.

Añadió que no existe una política para la atención a víctimas de torturas que incorpore el modelo de sanación espiritual cultural mapuche, ni de apoyo, indemnización económica y rehabilitación para garantizar una reparación justa y adecuada a las víctimas. “Por todo lo anterior demandamos del Estado chileno una política de reparación e indemnización a las victimas menores de edad mapuche que viven la experiencia de vulneración de derechos de la infancia y adolescencia en el contexto de las legítimas movilizaciones sociales y políticas mapuche”, concluyó.

En su exposición, el machi Fidel Tranamil sostuvo que no se han experimentado avances en términos de la promoción y de protección de los derechos del pueblo mapuche. “Las legítimas protestas sociales son violentamente interrumpidas por la policía chilena, quienes detienen indiscriminadamente a los participantes incluyendo a mujeres, ancianos y niños. Son de público conocimiento, los allanamientos y las detenciones arbitrarias, secuestros, amenazas intimidatorias, torturas físicas y psicológicas”, afirmó.

Sostuvo además que la ausencia de voluntad del actual gobierno para implementar una política pública de restitución de territorios a las comunidades afectadas y  la negligencia del sistema judicial son causantes de un incremento de las movilizaciones de las comunidades desposeídas, que a su vez son reprimidas con extrema violencia, causando daños físicos, psicológicos y serios traumas en los niños y niñas.

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