El conflicto mapuche y la situación de los niños y niñas

José Horacio Wood, Director Fundación ANIDE

Un nuevo episodio de agresión armada contra niños mapuche en la Región de la Araucanía ha puesto una vez más en evidencia de dónde viene la violencia y quiénes aportan las víctimas en la zona del conflicto. El suceso, ocurrido el pasado 22 de septiembre , afecta a una familia de la comunidad Huañaco Millao y corresponde a la materialización de una amenaza lanzada de manera impune y con escandalosa publicidad en un artículo aparecido dos meses antes en  El Mercurio bajo el título de “Ercilla: donde la tierra se siembra con balas y lacrimógenas”.

En este caso no es posible apelar ala Ley Antiterrorista, que sí con manga ancha y sin titubeos han aplicado el Estado chileno y sus tribunales de justicia a quienes se hace aparecer como violentistas y usurpadores por reclamar la devolución de sus espacios ancestrales.

A este respecto, el inminente comienzo de juicios en los que una treintena de comuneros mapuche podrían ser condenados con pruebas obtenidas mediante los mecanismos dela Ley Antiterroristadebe avivar la inquietud ciudadana. Tales procesos deberían haberse ya anulado en virtud de las modificaciones introducidas a esa  norma en junio pasado, del inaceptable uso de  pruebas y confesiones obtenidas bajo   tortura y con participación de testigos sin rostro. Varios de los presuntos culpables eran personas menores de 18 años al momento de ocurridos los hechos que se investigan y con aún mayor razón deberían ser absueltos.

Sin embargo, el tratamiento que las autoridades del Ejecutivo y los medios de comunicación dan al tema, en que  asignan a los hacendados y las empresas forestales el papel de mártires, abonan el terreno para que los tribunales sigan validando esa indefendible Ley 18. 314 que la dictadura militar promulgara en mayo de 1984 y que los gobiernos de la Concertación reformaran para aplicarla en los procesos judiciales relacionados con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche.

En la presente edición del boletín que elabora el programa Pichikeche, dos reconocidos especialistas en derechos humanos coinciden en sus críticas a esa disposición, que perpetúa la presencia perversa de la legislación pinochetista y contribuye a consolidar la verdadera política que el Estado chileno ha desarrollado para abordar las reivindicaciones del pueblo mapuche, incluida la militarización de las zonas en conflicto, la represión  y el desprecio por los derechos fundamentales de las personas que permanecen en las comunidades, con especial efecto en la salud mental de los niños y niñas a quienes se supone protegidos por la Convención a la que Chile adhirió formalmente en 1990.

Norberto Liwski, autoridad a nivel mundial en el ámbito de los derechos infantiles y juveniles, opina que el actual estado de cosas confirma la vigencia del llamado que el Comité de Derechos del Niño formulara a Chile en 2007, en el sentido de que se reconozca a los pueblos indígenas sus derechos, haciendo hincapié en la discriminación que siguen sufriendo los niños y niñas mapuche  y en la situación de los adolescentes y jóvenes afectados por la represión de  la policía.

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