Derechos del Niño: demandas al Estado de Chile

Comunicaciones ANIDE

Nicolás Espejo, Encargado del Área de Protección Legal de UNICEF, se refiere a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño y señala ámbitos del Estado -las policías, el sistema de justicia, la legislación- que deben desarrollar nuevos mecanismos y mejorar capacidades en este sentido. 

-A su juicio, ¿tiene importancia hoy reflexionar acerca del tema de la violencia institucional sobre la niñez?

– En la perspectiva UNICEF, nos parece necesario reflexionar en torno a la necesidad de avanzar hacia un sistema más eficaz, más efectivo, cuando un niño ha sido objeto de violencia institucional. Esta reflexión es algo muy importante de cara a dos temas que creemos importante mejorar: en primer lugar, respecto de la capacidad que tienen las policías, tanto Carabineros de Chile como Policía de Investigaciones, para contar con protocolos técnicos específicamente para menores de edad, en que se regule de manera precisa el uso de la fuerza respecto de procedimientos policiales en los cuales intervienen menores de edad, en general, pero también considerar la posibilidad de generar protocolos policiales que regulen estrictamente las intervenciones policiales en contextos de, por ejemplo, comunidades mapuche, en los cuales la policía debe extremar el cuidado y debe contar con algunos criterios específicos para evitar el uso de la fuerza y conductas contrarias a la Convención de Derechos del Niño.

-Pero esos protocolos existen. Los funcionarios han recibido una formación y conocen las regulaciones a que deben atenerse en sus procedimientos.

-Las policías cuentan con protocolos, sí, pero éstos no regulan ciertamente cuestiones muy precisas de sus procedimientos, y entonces debieran establecerse los estándares que debe tener el funcionario policial, Carabineros o la PDI, cuando el niño es víctima -en esto hay más claridad en los procedimientos-, pero también cuando un niño es detenido por ser considerado infractor de ley. Y un segundo tema, que está relacionado con las observaciones hechas a Chile por  el Comité de Derechos del Niño, tiene que ver con que las policías puedan contar con mejores, más efectivos y más accesibles procedimientos para tramitar denuncias cuando en la opinión del niño ha habido hacia ellos una conducta de violencia o abuso de parte del personal policial, para que las policías puedan conocer esas denuncias y dar una respuesta expedita, más rápida que la que actualmente se da, por ejemplo, a través de sumarios administrativos, y también que junto con esa respuesta se pueda otorgar una reparación más integral al niño en el caso de que el abuso efectivamente haya ocurrido, y que no sea sólo una respuesta hacia dentro de la institución como, por ejemplo, cuando se destituye a un efectivo policial.

-¿Qué papel cabe al gobierno de Chile en esta tarea?

– El Comité de Derechos del Niño ha indicado al Estado de Chile su preocupación ante las denuncias recibidas de abuso de la fuerza policial particularmente en el contexto de los procedimientos policiales en las manifestaciones de estudiantes. El gobierno ya dio un paso importante al impulsar la reforma de la Ley Antiterrorista, de modo tal que ella nunca se aplique a menores de edad. Ese fue un tema en que el Ejecutivo se jugó por el cambio legislativo, precisamente para restringir su ámbito de aplicación, tal y como la estaba invocando el Ministerio Público. En 2012 el Estado de Chile deberá informar al Comité qué ha hecho específicamente en esta materia y por eso el solo hecho de que haya denuncias deberían ser tomadas por el Estado con extremada seriedad, independiente de lo que hayan opinado los tribunales. Respecto a estas denuncias, nosotros desconocemos si existen protocolos policiales, escritos y públicos, en relación con el uso de la fuerza con menores de edad, distintos de aquellos que se aplican a mayores de edad, en particular, por las fuerzas especiales. Es decir, sin perjuicio de la existencia de protocolos policiales, dichos instrumentos no contarían con la precisión y especialidad requeridas tratándose de procedimientos con menores de edad, de modo tal que regulen, por ejemplo, las técnicas marciales aplicables, los implementos disuasivos que se utilizarán, la forma y condiciones en que los menores son trasladados en carros policiales, etc. Entonces es una reflexión absolutamente pertinente y, por lo demás, UNICEF tiene con el Estado de Chile en su Plan de Cooperación de 2012 al 2016 el desarrollo de mecanismos para que las policías cuenten con protocolos policiales que permitan prevenir y reaccionar más efectivamente ante las denuncias de violencia.

-¿Hay un seguimiento de estos avances por parte de Unicef?

-La Convención de Derechos del Niño establece los órganos que deben velar por su cumplimiento. Uno de esos órganos es el Comité de Derechos del Niño, que tiene un carácter mucho más formal que nosotros porque supervisa el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados, mientras que UNICEF tiene el mandato de velar porque el Estado cuente con capacidad efectiva para cumplir con la Convención. En este sentido es que hemos planteado al Estado la necesidad de mejorar sus capacidades para atender estas denuncias y nosotros creemos que la mejor manera para atender esto es que el Estado cree instrumentos especiales aplicables a los niños y que permitan prevenir, responder y operar cuando hay casos que así lo exijan.

-¿Qué instancias del Estado se vinculan con el debate de estos temas?

-Las policías son una dimensión importante; también el Ministerio Público; creemos que este ámbito del Estado debiera avanzar hacia la especialización, de manera tal que, por ejemplo,  exista en el trabajo de los fiscales mayor capacidad para poder enfrentar los casos en que hay niños que son  víctimas de violencia institucional. Eso requiere mayor capacidad de los fiscales, de la Defensoría Penal Pública, y también de los jueces. Los jueces deben  tener suficientes conocimientos y ser particularmente rigurosos cuando hay procedimientos policiales en que hay niños involucrados. Y finalmente todo esto se complementa con otras reformas que están en otro lugar, que no son específicamente sobre violencia, pero que tienen un impacto muy directo sobre ella. Es, por ejemplo, contar con una Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, que fije un marco de acción de todas las instituciones, policías, fiscales, ministerios, Congreso, etc. Y al mismo tiempo contar con un Defensor del Niño, que debiera ser el órgano del Estado, autónomo, independiente del Ejecutivo de turno, y que pueda en estas materias recibir denuncias, hacer recomendaciones al Estado, formular modificación de legislación, de políticas públicas. La suma de todas estas cosas, el desarrollo de protocolos específicos para las policías, la especialización del sistema de justicia, un marco legal que responda a los Derechos del Niño y un órgano autónomo que pueda defenderlos es lo que creemos que puede ayudar a prevenir fuertemente la violencia institucional hacia la niñez y permitir que pasemos a un estado de avance respecto a sus Derechos.

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