Penurias invisibilizadas

José Horacio Wood Director Ejecutivo, Fundación ANIDE

Por varios meses se prolonga ya en el país el clima de agitación detonado por un movimiento estudiantil que demanda educación de calidad y gratuita, rechaza el lucro y cuestiona la existencia de un sistema que les convierte en deudores de por vida y piezas de un engranaje económico creado para regalía de unos pocos privilegiados. 

La respuesta represiva a las protestas multitudinarias de los y las estudiantes es justificada por el gobierno con la violencia desplegada por grupos minoritarios, marginales y antisistémicos. La explotación de este argumento a través de la manipulación y excesiva exposición de imágenes de enfrentamientos por parte de los más importantes medios de comunicación desvía la atención y reduce el impacto de la denuncia por el trato que los niños, las niñas y jóvenes reciben de la policía. Pero estas denuncias sí han llegado a organismos que han hecho presente al gobierno su obligación de preservar el Estado de Derecho y de velar por el respeto a los Derechos Humanos y los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño.

Uno de estos organismos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha hecho presente el desborde en que incurre Carabineros cuando su respuesta represiva “no distingue entre manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse, respecto de aquellos grupos que utilizan acciones violentas en el marco de esas mismas manifestaciones”, destacando además la urgencia de criterios y protocolos que eviten la generación de “abusos y agresiones que pueden quedar en la impunidad”.

La situación, que se repite a lo largo de muchas ciudades, centraliza la mirada del país e impide observar otras situaciones en que los derechos de los niños, niñas y jóvenes se ven gravemente vulnerados. Es lo que ocurre en la zona mapuche, donde el ambiente de conflicto habitual ha escalado gravemente  producto de la “militarización” desplegada por Carabineros en la zona de Ercilla para proteger la actividad de las empresas forestales. Según acusan los comuneros y sus representantes, los controles armados, las detenciones y el trato agresivo de los funcionarios policiales se han vuelto habituales en las últimas semanas. “El daño sicológico diario que se le está haciendo a los menores es muy grande y la violación a los derechos humanos está creando una situación que nos sobrepasa también a nosotros los adultos”, afirma el werken Mijael Carbone.

Los testimonios e imágenes procedentes del territorio mapuche entregan un panorama preocupante. Sin embargo, para el resto del país esta realidad no existe y para la mayoría de los medios de comunicación esta realidad pareciera no  importar, en una postura de indiferencia que ratifica lo ocurrido hace un año cuando decenas de comuneros mapuche en prisión llevaron a cabo una prolongada huelga de hambre para rechazar la aplicación de la Ley Antiterrorista en los juicios que enfrentaban.

Víctimas no reconocidas del conflicto son los niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas involucradas. En los últimos años no son infrecuentes los episodios en que han sido baleados, perseguidos, torturados y asesinados. Sin embargo, sus casos no destacan en la cobertura informativa, en el debate público ni en la preocupación de las autoridades.

El compromiso con la infancia mapuche, sin embargo, forma parte de las obligaciones que el gobierno y el Estado  asumieron al suscribir la Convención de Derechos del Niño en 1990. En la actualidad la realidad innegable de pobreza y discriminación que afecta a la infancia mapuche se ve agravada por la violencia que las instituciones del Estado ejercen sobre las comunidades que reclaman la devolución de sus tierras ancestrales.  Dentro de este cuadro se inscribe también la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de edad.

La obligatoriedad y urgencia de una reflexión sobre esta situación motiva la realización del Primer Seminario sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche, que la Fundación ANIDE y la Red de ONGs Infancia y Juventud Chile efectuarán en los próximos días en Temuco y Santiago. Puede ser un primer paso en la búsqueda de caminos para enfrentar un estado de situación que resulta urgente revertir.

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