Los abusos se suceden y multiplican

Editorial

La acusación lanzada por el gobierno contra las comunidades mapuche y contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el incendio forestal en que murieron siete brigadistas en Carahue, reafirma la conducta discriminatoria y abusiva que el Estado ejerce hacia este pueblo originario y agudiza un proceso en que niños, niñas y jóvenes mapuche aparecen frecuentemente como víctimas directas.  La situación, sin embargo, marca un jalón mayor debido a la relevancia de quienes formulan los cargos y a que, sin exhibición de pruebas ni fundamentos, culpan y exigen la aplicación de la Ley Antiterrorista. 

Durante el actual período  las situaciones de conflicto se suceden y multiplican. Un caso de los más recientes es un nuevo allanamiento policial a la comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, para detener a L.M., comunero que hace dos años, siendo aún menor de edad, fue encarcelado, sometido a todo tipo de apremios y juzgado por la Ley Antiterrorista.  Un  vocero de la comunidad denunció que en el operativo los policías utilizaron bombas lacrimógenas y disparos de balines, mientras que, según  el jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Ivan Bezmalinovic, “se trató de un procedimiento limpio para dar cumplimiento a una orden de detención”.

Fue el segundo allanamiento contra esta comunidad en menos de dos semanas. En otro procedimiento policial, el pasado 8 de enero, dos menores sufrieron lesiones y una mujer debió ser hospitalizada por el uso continuado de bombas lacrimógenas.

Otro suceso, casi de carácter rutinario pero que por primera vez adquirió contornos mediáticos, fue  la  violenta detención  de Guillermina Painevilo  y su hija, Susana Guzmán, de la comunidad José Jineo, de Rofue, el pasado 10 de enero. El impacto público fue por un video, difundido por TV y por la prensa electrónica,  que muestra el momento en que un carabinero golpea con un arma de fuego a la mujer mapuche con un bebé en brazos.  El Juzgado de Garantía de Temuco determinó que la detención fue ilegal y que la policía actuó con violencia innecesaria.

A esta cadena se suma otro allanamiento policial en la comunidad de Temucuicui Autónoma, el pasado 8 de diciembre, con agresión a balazos  contra el hijo y un sobrino del Longko Víctor Queipul.  Y, el 15 de diciembre, la violenta detención de cinco miembros de esta misma comunidad,  entre ellos el Werken Jaime Huenchullán y la agresión y abandono en la vía pública de dos menores de edad hijos de éste detenido.

La represión a las protestas por  la construcción de un aeropuerto en Freire y de las manifestaciones en el cuarto aniversario del asesinato de Matías Catrileo son otros eslabones para esta cadena de atropellos. En Temuco, Carabineros detuvo a la  madre y una hermana del universitario mapuche asesinado por un policía el 3 de enero de 2008. También fue arrestado y golpeado el vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) José Ancalao.

Capítulo aparte merece la situación del Werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone, perseguido a balazos por Carabineros el  28 de noviembre. Angelo Marillán, de 16 años de edad,  que acompañaba en ese momento al dirigente, expuso dos días después su experiencia en el seminario Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile, realizado por Fundación Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile.

Mientras tanto,  la Justicia a través de dos importantes resoluciones judiciales ha reconocido la veracidad de las denuncias de abusos por agentes del Estado contra las comunidades mapuche. En ambas se instruye a Carabineros  para que mantengan en sus procedimientos el respeto a las normas legales y, en particular, resguarden la seguridad de los y las menores de edad.

Sin embargo, la apelación de Carabineros  a estas sentencias,  la reiteración de sus excesos en los procedimientos que realiza en la zona del conflicto mapuche  y, sobre todo, la ausencia de señales desde el Ejecutivo en el sentido de respetar las normativas sobre Derechos Humanos, confirman la contumacia de una conducta moral y legalmente impresentable.

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