Justicia para la niñez mapuche: fallos discordantes

En primer lugar toca al Estado la obligación de respetar y fomentar los principios que en favor de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas aparecen definidos en instrumentos  y cuerpos legislativos que el propio Estado ha promulgado o suscrito. El incumplimiento de este deber por parte de las instituciones policiales que actúan en la zona del conflicto mapuche motiva acciones judiciales que ha tocado a los tribunales analizar. Las resoluciones de los últimos meses abordan de manera discordante situaciones similares de violencia y abusos. 

Una de estas acciones fue un recurso de amparo constitucional que la Defensoría Penal Mapuche interpuso en favor del niño F.M.M., de 12 de edad,  de la comunidad mapuche de Temucuicui, por su detención ilegal y violenta durante un allanamiento registrado el pasado 8 de diciembre. La Corte de Apelaciones de Temuco había acogido el recurso  ordenando a Carabineros que en los procedimientos que realice en esa comunidad mantenga estricta sujeción a la normativa constitucional, especialmente en el resguardo de las personas menores de edad.  El pasado 6 de enero la Corte Suprema en fallo dividido confirmó la resolución de primera instancia.

En otro dictamen, del 16 de diciembre, la Corte de Temuco acogió un recurso de protección  interpuesto a favor de la comunidad Wente Winkul Mapu por violentos allanamientos ocurridos el mes anterior. La resolución cuestionaba el “accionar, al aparecer desprovisto de racionalidad” de Carabineros, y disponía que esta institución “deberá abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en las patios de las viviendas particulares de la comunidad indígena ya referida”. Apelada por Carabineros, la Corte Suprema, en resolución dividida adoptada el pasado 3 de abril -al día siguiente de la muerte del carabinero Hugo Albornoz durante otro allanamiento a esa misma comunidad-,  revocó la sentencia de primera instancia, definiendo que “no resulta procedente dar órdenes de carácter general a la Policía acerca de su conducta futura en hechos que puedan afectar el orden público”.

También fue materia de resoluciones judiciales otro suceso, casi de carácter rutinario en la vida de las comunidades y de los niños y niñas mapuche, pero que por primera vez adquirió contornos mediáticos. Se trató de  la  violenta detención  de Guillermina Painevilo  y su hija Beatriz Guzmán Painevilo, de la comunidad José Jineo, sector Rofúe, en la comuna de Padre Las Casas, el pasado 10 de enero. El caso provocó impacto público debido a un video, difundido por TV, prensa electrónica e internet,  que muestra el momento en que un carabinero golpea con un arma de fuego a la joven mapuche con un bebé en brazos.

El Juzgado de Garantía de Temuco determinó que la detención fue ilegal y que la policía actuó con violencia innecesaria. Enseguida tocó a la Corte de Apelaciones de Temuco pronunciarse en relación a un recurso de protección que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, interpuso en contra de Carabineros de la IX Zona de la Araucanía, representados por el general Iván Bezmalinovic, por vulnerar derechos constitucionales de los niños y niñas afectados por la citada actuación policial. El tribunal de alzada, en resolución adoptada el 15 de marzo, acogió la acción cautelar ordenando a la policía “abstenerse en lo sucesivo de efectuar actos que menoscaben los derechos de los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales antes citados (Convenio 169 de la OIT) y que en lo porvenir deberán adecuar su actuación a dicha normativa jurídica”.

El dictamen indica que Carabineros actuó de manera arbitraria al agredir a mujeres, niños y niñas desarmados durante un supuesto operativo: “Carece de racionalidad golpear a una mujer desarmada, en presencia de niños de corta edad y familiares directos de ella”. La sentencia abunda además en el deber hacia la niñez indígena que tienen en especial los funcionarios del Estado.  Al respecto plantea que “la obligación de actuar con la debida prudencia por los funcionarios policiales, cuando se afecta a niños, que además son indígenas, adquiere mayor relevancia por cuanto, tratándose de funcionarios del Estado, deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”.

Corolario de este breve recuento es la disparidad que se observa en las resoluciones de la judicatura frente a situaciones que afectan a la niñez mapuche y en las cuales se repite el mismo esquema de violencia y excesos policiales.

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