La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los derechos la niñez mapuche

El pasado 25 de marzo se cumplió un año de la audiencia temática en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció el Informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile. El documento reunió amplia y consistente información sobre lo ocurrido con los niños y niñas de las comunidades mapuche en conflicto con el Estado de Chile y su exposición ante el organismo continental  generó impactos y cambios a los que se refiere Carlos Muñoz Reyes, vocero de la Mesa Nacional de ROIJ (Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile), que junto con la Fundación ANIDE y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes realizaron esa presentación. 

-¿Por qué el informe sobre vulneraciones a los derechos de la niñez mapuche fue presentado ante un organismo internacional y no en Chile?

-El objetivo principal de esta audiencia temática solicitada a la CIDH era poner en evidencia la vulneración de derechos de niños y niñas mapuche en  el contexto del conflicto por la recuperación de sus tierras. Estas vulneraciones eran ejercidas por el Estado de Chile y no estaban siendo visibilizadas ni a nivel interno ni externo.  El informe incluyó una cantidad considerable de antecedentes, obtenidos de organizaciones de derechos humanos y de algunos abogados defensores, pero en las numerosas reuniones sostenidas con autoridades de la época en Chile no pudimos avanzar mucho porque se negaba ese tipo de situaciones. Se negaba su ocurrencia a pesar de que les resultara difícil contrarrestar la información que les exponíamos.

¿Esa negativa se mantuvo ante la CIDH?

-En la Comisión también el Estado negó esa situación, pero la presentación del informe sirvió para poner en  evidencia lo que ocurría y para que el Estado, a la vuelta de la audiencia, reconociera que gran parte de los casos presentados tenían asidero,  porque acompañamos el estudio con pruebas, informes médicos, antecedentes de juicios, prensa. Después, en reuniones con la Cancillería, se reconoció que estos casos eran verídicos y se anunció que se comenzaría a estudiar ciertos mecanismos de actuación de Carabineros frente a acciones  como los allanamientos en las comunidades mapuche -siempre en las comunidades hay niños y niñas-, y por lo tanto se fue poniendo en evidencia el actuar de las policías y del Estado para intentar poner cierto freno a esa violencia.

Otro de los aspectos importantes de esta audiencia era denunciar que en Chile se aplicaba la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años. ¿Qué relación existe entre las modificaciones aplicadas en este campo y esta audiencia temática?

-Cuando estábamos pidiendo la audiencia a la CIDH se hizo una modificación de la Ley Antiterrorista, que se debió a la larga huelga de hambre  de 2010 que realizaron los presos políticos mapuche a la que se sumaron dos personas menores de 18 años recluidos en el Centro de Detención de Cholchol. Pero a pesar de esa modificación los fiscales seguían invocando esa ley para el caso de las personas menores de 18 años. Cuando ya nos encontrábamos en la audiencia el Gobierno anunció que se iba a enviar una nueva modificación a la Ley Antiterrorista para eliminar toda duda sobre la exclusión de las personas menores de 18 años a la aplicación de la ley. Y sucedió efectivamente que esa semana se envió el proyecto al Congreso y la modificación se realizó en junio del 2011. Por lo tanto, se obtuvo un efecto concreto en este aspecto, aun cuando se mantiene la disputa política,  como se observa hoy en las presiones del Ministerio del Interior para que en la preparación del juicio oral por Ley Antiterrorista iniciado este mes en Victoria se reincorpore a dos personas que fueron detenidas cuando tenían menos de 18 años y para las que ahora se había dispuesto un nuevo proceso por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

¿Qué explica la invisibilización de las vulneraciones de derechos que sufrían los niños, niñas y jóvenes de las comunidades mapuche?

-La vulneración de los derechos de niños y niñas es una materia muy sensible a nivel internacional y para el Estado resulta difícil reconocer que incurre en esas prácticas. Y en el caso de las comunidades, donde  los niños y niñas también  están envueltos en el conflicto y son también  víctimas de la represión,  es la comunidad entera la que está afectada y no siempre se releva la situación de los niños y niñas.

Al hablar de vulneraciones, ¿a qué se refiere?

-El informe  presentado ante la CIDH detalló vulneraciones graves de derechos de  niños y niñas,  secuestros, interrogatorios ilegales, torturas, baleos de niños y niñas.

¿La visibilización de estas situaciones implica que ya no ocurren?

-No, no han desaparecido, siguen sucediendo, pero ahora hay mucho más atención sobre estos casos. El aporte es que se están poniendo sobre la mesa y se visibilizan por las organizaciones de derechos humanos y por las mismas comunidades. De hecho, algunos tribunales han comenzado a invocar la Convención de Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT para generar ciertas limitaciones al accionar de Carabineros y de la PDI cuando tienen que ver con niños y niñas mapuche. Algunas cortes han planteado el no uso de las armas disuasivas en las comunidades porque hay niños;  hay más atención de las comunidades y de la sociedad civil, y los ojos de organismos internacionales están puestos en la situación  de niños y niñas mapuche.

¿Con qué argumento se planteó la no aplicación de la Ley antiterrorista a personas menores de 18 años?

-La Convención de Derechos del Niño y ciertas normas a nivel interamericano impiden que se apliquen leyes excepcionales en el caso de personas menores de 18 años, sobre todo cuando hay una legislación exclusiva para ellos como es en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Sin embargo, aún persisten las dudas y ciertas fiscalías insisten en invocar la Ley Antiterrorista a menores de 18 años.

-De partida, la modificación de esta ley ya está en aplicación y esto ahora se está viendo en la preparación del juicio oral realizado en Victoria a comienzos de este mes, donde se registró un avance bastante importante con la separación de juicios para el caso de dos personas que fueron detenidas cuando tenían menos de 18 años y a los cuales se les invocó la Ley Antiterrorista. Esto significa que los juicios van a correr por separado y estas dos personas deberían ser procesadas bajo las normas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y las pruebas que se hayan obtenido bajo la Ley Antiterrorista tampoco corren porque es otra legislación y, por lo tanto, debieran cambiar las posibilidades de condena a estos muchachos porque si el Estado insiste en acusarlos tendría que hacerse un nuevo juicio. Sin embargo, ahora la tramitación ha quedado detenida por decisión de la jueza Evelyn Zelaya, del Tribunal de Garantía de Victoria, a la espera de que la Corte de Apelaciones  se pronuncie sobre un recurso de nulidad que interpuso el Ministerio Publico y que busca anular lo obrado hasta ahora e incorporarse a una posible nueva preparación del juicio. Por lo tanto, es necesario ahora monitorear que la modificación de la ley se cumpla en la realización de los juicios, pues esto sigue siendo un terreno político en disputa.

¿Por qué razón pareciera no haber una disposición general de la justicia a aplicar los cambios en ese sentido?

-La justicia es el ámbito del Estado que más le ha costado asumir los mecanismos internacionales ratificados por Chile y que, por tanto son leyes en Chile y  tienen rango constitucional. El tema es que el país tiene una gran predisposición a firmar tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, pero llevarlos a la práctica, hacer los cambios en el accionar de los organismos del Estado, cuesta bastante; hay resistencia interna a veces y desconocimiento de qué significa adscribir a estos mecanismos. Y en la práctica, cuando se exige su cumplimiento surgen trabas que tienen que ver también con una larga tradición jurídica en el sentido de que sólo lo que está en la ley nacional es lo que mandata.

¿Se relaciona con esto el proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que la Campaña Movilizándonos ha impulsado y de la cual la ROIJ Chile ha sido parte importante?

-Lo que nosotros hemos impulsado, en el marco de la Campaña Movilizándonos por una Ley de Protección Integral para todos y todas las niñas y niños que viven en Chile, es llevar al terreno el marco general de principios que establece  la Convención de Derechos del Niño. Es lo que ha hecho la mayoría de los países de Latinoamérica y Chile es prácticamente el único país de la región que no ha generado esta normativa. En este momento, después de lograr un amplio apoyo en el Congreso, estamos trabajando con el Ministerio de Planificación en una iniciativa de consenso de la Sociedad Civil con el Estado para generar esta normativa.

La audiencia temática de la CIDH involucraba también lograr avances en cuanto a los protocolos que las policías deberían generar para realizar sus actuaciones en las comunidades mapuche con apego al derecho de niños y niñas-

-En ese ámbito hemos tenido conversaciones con autoridades de gobierno, y también otras instituciones han hecho lo propio, como Unicef que se reunió con el director general de Carabineros. Y en estas instancias las instituciones se han comprometido a accionar de acuerdo a sus protocolos -que dicen que los tienen, pero  no son  públicos-, cuando afectan a personas menores de 18 años. Es muy relevante que las instituciones policiales avancen en generar mecanismos de acción que no afecten la vida de los niños y niñas, ni física ni sicológicamente. Y esto va más allá de los niños y niñas mapuche, porque este mismo accionar se produce en los allanamientos en las poblaciones, en las ciudades y en otros ámbitos. Pasó el año pasado en  la detención de los estudiantes secundarios. Y, por lo tanto, los cambios que se puedan generar en el ámbito de la vulneración de derechos de los niños y niñas mapuche con el Estado y las policías, van  a tener una repercusión nacional para otras situaciones en que niños y niñas se ven involucrados en los procedimientos policiales.

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