Por los caminos de un montaje

Editorial

La comunidad Wente Winkul Mapu, situada de la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía, ha sido escenario de recurrentes allanamientos. El lunes 2 de abril un numeroso contingente policial arribó al poblado para realizar un nuevo operativo armado que encabezaba el fiscal Luis Chamorro. En ese lugar un impacto de bala de procedencia indeterminada impactó en el cuello del sargento de Carabineros Hugo Albornoz Albornoz, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE, quien horas después expiraba en el Hospital de Temuco. 

Declaraciones que la prensa atribuyó al fiscal Chamorro y a oficiales de Carabineros apuntaron a “activistas armados” que habrían emboscado a la caravana policial dando muerte a Albornoz e hiriendo a otros dos funcionarios. En días previos los medios habían dado cuenta de un ataque a balazos perpetrado por “encapuchados con sofisticado armamento” en un fundo de la zona que las comunidades mapuche incluyen en su demanda territorial. La relación entre la muerte del policía y el conflicto que generó el Estado de Chile en el territorio mapuche al usurpar sus tierras  se reforzaba después con el planteamiento hecho por el intendente regional, Andrés Molina: “Hay personas que llevan tiempo disparando y tratando de provocar un daño que hoy día ha terminado no en un daño menor, sino en un asesinato. Aquí, de la raza que sean, nosotros como país tenemos que condenarlos y llevarlos al lugar que se merecen, que es ante la justicia”.

Sin embargo, la versión de lo ocurrido que entrega la comunidad allanada no concuerda con el relato oficial. “Desmentimos categóricamente las afirmaciones irresponsables de la fiscalía y Carabineros cambiando día a día sus versiones acerca de los hechos”, señaló una declaración que difundió el Werken Daniel Melinao. “Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa. Se habló de una bala 9 mm, y resultó ser una bala calibre 38, de uso oficial de Carabineros. Se afirmó que policías habían visto a un encapuchado con un arma de puño, ahora se habla de una carabina de largo alcance y francotirador”.

La tarea de esclarecer lo ocurrido corresponde a la justicia pero el manejo de las percepciones y la toma de posiciones por parte de las autoridades y del Ministerio Público alimenta el temor a un montaje para justificar la represión contra el movimiento mapuche y sus reivindicaciones territoriales. En enero pasado, personeros de gobierno encabezados por el Presidente de la República y su ministro del Interior levantaban sospechas en el mismo sentido y anunciaban que invocarían la Ley Antiterrorista en el incendio forestal ocurrido en Carahue que dejó un saldo de siete brigadistas muertos.

Por otra parte, la decisión del Ministerio Público de asignar la investigación del caso al fiscal Chamorro, el mismo que encabezó el allanamiento en que murió el carabinero Albornoz, es ampliamente criticada por las comunidades mapuche y los organismos de derechos humanos pues obviamente no garantiza ni imparcialidad ni rigurosidad . De igual manera que no ofrece seriedad ni una orientación objetiva  la formación de un  Comité Especial de Seguridad para la región a la cual sólo se invita a los “privados” de instancias gremiales afines al gobierno, poniendo en evidencia la colusión de intereses en los cuales las empresas usan el aparataje estatal para resguardar sus intereses.

El gobierno insiste en abordar como un simple tema de delincuencia y de seguridad pública un conflicto que tiene raíces históricas y que da cuenta de una situación social y política cuya solución corresponde a quienes han asumido la responsabilidad de conducir el país y sus instituciones. Es necesario recordar además que a esta lógica se debe el que decenas de comuneros mapuche se encuentren cumpliendo severas condenas de cárcel, o se encuentren procesados y detenidos o sometidos a medidas restrictivas por acciones reivindicatorias de sus territorios ancestrales, mientras que incontables abusos e incluso los  asesinatos de tres jóvenes mapuche (Lemún, Catrileo y Mendoza Collío) permanecen en la impunidad o sus culpables han recibido sentencias irrisorias.

El escenario creado por la muerte del carabinero Albornoz alienta la preocupación por el destino que tendrán las reivindicaciones del pueblo mapuche y el trato que pueden esperar del Estado y de sus instituciones. En igual sentido, inquieta el rumbo de la justicia respecto de otros procesos y acciones en que están en juego los derechos  de los pueblos originarios.

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