Postergaciones en Derechos del Niño

El  26 de enero de 1990 Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, el Congreso la aprobó en forma  unánime el 13 de agosto de ese mismo año y con su publicación en el Diario Oficial entró en vigencia el 27 de septiembre. Todo el proceso se desarrolló de forma muy fluida. Sin embargo, desde entonces han pasado ya casi 22 años  y ese entusiasmo primigenio por los derechos de la niñez no se ha traducido en mecanismos para dar cumplimiento de los compromisos suscritos.

La Convención impuso una orientación distinta a lo que hasta entonces se había entendido y practicado respecto en esta materia. De acuerdo a esta nueva perspectiva, los niños y las niñas no son de propiedad de sus padres,  ni objetos de cuidado, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad: son seres humanos y, como tales, son sujetos titulares de sus propios derechos.

Al ratificar la Convención, los Estados se comprometen a observar, respetar y dar cumplimiento a  un cuerpo de normas universales de derechos humanos -los Derechos del Niño-, desarrolladas en 54 artículos que, a su vez, pueden agruparse en cuatro amplias categorías: derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y derecho a la participación en las decisiones que los afecten.  Corresponde al Gobierno y  al Estado en su conjunto la responsabilidad de generar las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas necesarias para que las niñas y los niños puedan ejercer esos derechos. Y a generar la legislación y las políticas y programas que harán efectivos esos derechos en la vida diaria.

Bajo la nueva orientación, el cumplimiento de los principios y normas que impone esta Convención supone un cambio profundo en la concepción y orientación de las políticas públicas implementadas por el  Estado. Estas políticas no se pueden entender como un favor a una persona desvalida y necesitada, hacia alguien en problemas, hacia un ente en situación irregular, sino que deben estar enfocadas en el bien superior del niño y la niña, que son sujetos de derechos y gozan de protección especial en su calidad de personas en desarrollo.

En el marco de la campaña “Movilizándonos por una ley de protección integral de la niñez”, las ONGs de Infancia y Juventud desde hace varios años vienen levantando su voz para alertar a la sociedad y sus dirigentes acerca del atraso que el país presenta en términos del cumplimiento de los  derechos de la niñez.  En este sentido, la pobreza, el maltrato, la discriminación y marginación, la falta de oportunidades, la crisis educacional  y de salud y la ausencia de participación corresponden a expresiones del no respeto a sus derechos en que vive la niñez chilena.

Fundación ANIDE sitúa los Derechos del Niño en el centro de su preocupación y a través de su programa Pichikeche focaliza su labor en la niñez mapuche, un sector particularmente atropellado en sus derechos, planteando la necesidad de que el Estado genere políticas que hagan posible el desarrollo de niños, niñas y adolescentes mapuche de acuerdo a su condición de edad y dentro de su propia cultura.

En las circunstancias que se viven en la actualidad en la zona del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes empeora aún más debido a las permanentes situaciones de violencia que el Estado de Chile ejerce contra las comunidades. En los últimos años no son infrecuentes los episodios en que han sido baleados, perseguidos, torturados y asesinados. El Informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile,  expuesto hace un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmó la misma realidad al exponer una extensa lista de graves atropellos perpetrados contra personas menores de edad mapuche. Transcurrido un año de esa exposición es posible afirmar que los hechos de violencia que afectan a niños y niñas mapuche han continuado, que la situación que afecta al pueblo mapuche se ha visto agravada y que poco o nada ha avanzado el Estado en reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia.

Es necesario, en consecuencia, reclamar la urgencia de un Sistema y de una Ley de Protección Integral de la Niñez que, en el caso de la niñez mapuche, permitan avanzar en políticas y programas que restituyan los derechos de niños y niñas, y que establezcan protocolos imperativos de conductas que prohíban la violencia que los organismos policiales vienen ejerciendo contra niños y niñas mapuche, sus familias y sus comunidades.

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