UNICEF: Especial atención hacia la infancia indígena

Comunicaciones ANIDE

En carta enviada esta semana al diario La Segunda, Tom Olsen, Representante de UNICEF para Chile, plantea  públicamente que “Chile necesita un Sistema de Protección Integral que reconozca ampliamente y garantice el ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes”. A este mismo tema se refiere Anuar Quesille, abogado  del Area de Protección Legal de UNICEF, al analizar la tarea realizada en conjunto con la sociedad civil en la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para debatir sobre una Ley Integral de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Destaca, además, la doble dimensión en el ejercicio de sus derechos que el sistema  debe reconocer a la infancia y adolescencia mapuche. 

-¿Por qué se necesita un sistema y una ley, y qué características debiera reunir una nueva institucionalidad?

-Chile carece de un marco legal  normativo para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y las instituciones que tienen alguna relación con este tema, si bien cumplen funciones muy importantes, no están orientadas a entregar esa protección integral porque su labor se da en el marco de la Ley de Menores, dictada en 1967,  que opera bajo el prisma de la vulnerabilidad del niño y no le reconoce al niño ni a la niña el estatus de sujeto de derechos. Por lo demás, es el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas quien ha recomendado a Chile que derogue la actual Ley de Menores y promulgue una Ley de Protección Integral.

– ¿Cuál es el problema de la Ley de Menores?

-Cualquier sistema de protección integral a la infancia es incompatible con una Ley de Menores que sigue la doctrina del niño en situación irregular, vulnerable. Hasta ahora, la institucionalidad que protege a la infancia en Chile sólo se hace cargo de un niño cuando es un infractor de ley  o cuando es un niño vulnerado en sus derechos, pero no contiene vías claras para que un niño que no se encuentra en ninguna de estas situaciones -y que son la mayoría-, pueda ejercer sus derechos.

-¿Por qué se necesita de todo un sistema de protección de la infancia?

-Porque actualmente se constata que en diversos ámbitos,  educacional, de la administración del Estado, del sistema de justicia en su conjunto,  los niños experimentan dificultades para el ejercicio efectivo de sus derechos. Además, no existe un marco legal claro ni leyes prácticas que regulen los derechos de todos los niños. El SENAME se hace cargo de los infractores de ley y de los niños que son vulnerados en sus derechos. ¿Pero, qué pasa con los otros niños? Además, y así lo señala la sociedad civil, el enfoque y los estándares de derechos de infancia y adolescencia en nuestra legislación, en la jurisprudencia y en  el trabajo de los servicios, son insuficientemente reconocidos, aplicados, monitoreados e informados. Y la idea de un  sistema de protección integral de infancia es que todos los organismos del Estado, la sociedad civil y la familia tengan conocimiento y enfoques de acuerdo a los estándares internacionales en materia de la infancia, que están dados por la Convención de Derechos del Niño.

-¿Cuáles son los aspectos centrales que, según UNICEF, debe cumplir un  sistema de protección integral a la infancia?

– Lo que hemos concluido, a partir de un trabajo realizado con la sociedad civil, el mundo académico y también los niños, y donde colaboró técnicamente UNICEF, es que en Chile un sistema de protección integral a la infancia requiere de a lo menos tres medidas importantes: la existencia de una Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes; la reforma de la institucionalidad del SENAME y la creación del Defensor de Derechos del Niño.

-¿Cómo se protegen estos derechos en el trato con los organismos policiales?

– Esta ley debiera regular la relación que las policías pueden tener con los niños.  En gran medida esa relación hasta ahora,  está dada en el marco del niño vulnerado según la actual Ley de Menores, pero no aborda temáticas como qué pasa con los niños que participan en una protesta social, ni el deber de las policías de respetar el derecho de expresión de los niños, niñas y adolescentes, ni la prohibición del uso desproporcionado de la fuerza.

-La niñez mapuche y, en general, de los pueblos indígenas, ¿qué lugar encuentran en esta nueva ley?

-En la nueva ley debiera haber un reconocimiento expreso de todos aquellos niños y jóvenes que tienen una condición especial de vulnerabilidad por pertenecer a minorías étnicas, a pueblos indígenas. La mesa tuvo especial atención en el tema de la infancia indígena, en primer lugar por las obligaciones que imponen los instrumentos internacionales. La Convención, por ejemplo, en su artículo 30 reconoce el carácter específico de los niños de minorías étnicas o indígenas y les reconoce  una doble dimensión en el ejercicio de sus derechos: dice que el Estado debe respetar el ejercicio individual del niño indígena como niño, pero además debe garantizar y respetar el ejercicio colectivo del niño como indígena. Es decir, el Estado debe respetar el ejercicio de sus derechos como individuo y en común con los demás miembros de su comunidad.  Por eso un sistema de protección integral de derechos de la infancia debiera señalar medidas especiales de protección que en el caso del niño indígena no debieran apuntar sólo a que requiere más protección por ser indígena, sino a un reconocimiento a su estatus de pertenecer a un pueblo indígena y un reconocimiento y una protección de la forma en que el niño ejercita sus derechos al interior de su comunidad.

-¿Cree que las instituciones del Estado han adecuado sus mecanismos de trabajo en relación con los temas de infancia indígena?

– Nosotros, como UNICEF, hemos realizado un trabajo constante en la Región de la Araucanía, mediante capacitaciones en el ámbito del sistema de justicia y académico, para difundir el conocimiento de los estándares internacionales en materia de niños vulnerados y  del niño indígena. Hemos constado la inexistencia de especialización en temas de infancia y de la infancia indígena, lo que provoca que muchas veces no exista un entendimiento cabal de las obligaciones del Estado en estas materias. Y hemos observado y valorado los fallos de la Corte de Temuco que  mandatan a las policías a ajustar sus procedimientos a la Convención cuando, en los procedimientos que tienen que ver con el uso de la fuerza,  han resultado niños vulnerados en sus derechos. Al igual que hemos expresado preocupación cuando las policías realizan procedimientos en el marco de la informalidad que significan vulnerar los derechos de los niños mapuche.

-¿Reconocen algún avance en esta materia?

-En el sistema de justicia sí, absolutamente. Se reconocen avances en los fallos de la Corte de Apelaciones, que han sido confirmados por la Corte Suprema; en  la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentando acciones ante la Corte de Temuco, también ratificados por la Corte Suprema; en los casos de adolescentes mapuches que han sido absueltos teniendo en cuenta estándares sobre protección de derechos de infancia; en la reforma que excluye a los menores de 18 años de la aplicación de la Ley Antiterrorista; en  las resoluciones de los jueces de garantía que separan las causas de los menores indígenas respecto de adultos que han sido acusados por Ley Antiterrorista. Se observan además avances significativos en la creación de confianzas y vínculos entre las comunidades mapuche y la Defensoría Penal Mapuche.

-¿Cómo evalúa UNICEF la actuación de Carabineros en su trato con niños y niñas mapuche el marco del conflicto mapuche?

– Cuando de declaraciones formales del poder judicial se establece ha habido un actuar desmedido o un uso ilegítimo de la fuerza, nosotros claramente damos cuenta de que eso vulnera los derechos de los niños. El principal cambio para UNICEF es poder entrar a Carabineros para entregarles esta visión, y el compromiso de Carabineros de crear protocolos de intervención. Las policías deben generar sus protocolos, ellos tienen la expertice en esto, pero a nosotros nos cabe el deber de insistir en que tienen que respetar los estándares internacionales. Y evidentemente, cuando se constata en forma oficial una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, eso entra en el foco de preocupación de UNICEF y como organismo colaborador del Estado debemos entregar las herramientas necesarias para que esa situación no se repita o para perfeccionar los estándares y ayudarlos en sus modelos de gestión para que sus intervenciones se adecúen a los estándares de protección de la infancia.

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