Derechos y Estado de Derecho

Editorial

Loloco,  una de las comunidades mapuche del sector Chequenco, en la comuna de Ercilla, fue objeto de allanamiento policial en la madrugada del martes 26 de junio. La diligencia judicial fue ejecutada por un grueso contingente de funcionarios dela PDI,la Policíade Investigaciones de Chile, y en este caso se buscaba  detener a dos jóvenes mapuche que -acusados por un testigo protegido utilizado también en otros montajes-, aparecen como autores, entre otros delitos, del incendio de un galpón con fardos de pasto y de disparar con arma de fuego a un funcionario de Carabinero, hechos que habrían ocurrido en agosto de 2011.

Diecinueve días antes, el 7 de junio, en diligencia presidida también por el fiscal Luis Chamorro, el vecino predio de la comunidad Wente Winkul Mapu había sufrido la acción violenta de decenas de carabineros que, en otra incursión para detener a otros dos jóvenes comuneros, dejaron un saldo de ocho heridos, entre ellos dos menores de edad de 15 y 12 años y un Kimche -anciano sabio en la estructura social mapuche-. También habrían resultado lesionados cuatro policías por golpes de palos y hachas, según la jefatura de la institución.

Como toda la arquitectura judicial de la que forman parte, los operativos policiales constituyen expresiones del mecanismo para abordar el conflicto originado en la mal llamada “pacificación dela Araucanía”,  la denominación acuñada por los historiadores oficiales para el proceso  por el cual el Estado de Chile despojó al pueblo mapuche de sus territorios ubicados al sur del río Biobío a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

El procedimiento significó el genocidio, la dispersión y la perversión de las formas ancestrales de organización social de los mapuche. Los supervivientes terminaron relocalizados en territorios mínimos. De esta manera, la que hasta entonces había sido una sociedad agropecuaria dueña de amplios espacios geográficos se vio convertida en una sociedad campesina que vive en la pobreza.

Transcurrido el tiempo, llama la atención la contumacia de un Estado que insiste en la judicialización y criminalización del movimiento mapuche,  en una opción equivalente a perpetuar el agravio y la violencia. Y en igual sentido, llama la atención la contumacia de un sistema judicial  que reitera su metodología de represión mediante procedimientos policiales excesivos, semejantes a los de un país contra enemigos en guerra, para ingresar a predios y hogares de modestos campesinos buscando culpables de actos reivindicatorios, reales o ficticios, de las comunidades despojadas de su territorio.

El abuso del sistema y de sus autoridades llega al punto de confirmar en el cargo, y de  justificar sus actuaciones, al mismo fiscal involucrado en situaciones denunciadas como aberrantes e incluso responsable del confuso y violento procedimiento policial, en la misma comunidad Wente Winkul Mapu allanada a comienzos de mes, donde encontró la muerte el carabinero Hugo Albornoz el pasado 2 de abril.

En la zona de Ercilla la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche empeora. Las prácticas de terror que el Estado aplica para enfrentar el conflicto mapuche dejan  huellas profundas en  los habitantes de las comunidades afectadas, especialmente en los más pequeños y las más pequeñas. Asisten atemorizados e impotentes al despliegue de fuerza y al maltrato que sufren sus padres, abuelos y  hermanos mayores, y que también a ellos los alcanza, como lo evidencian las fotografías de niños y niñas baleados y golpeados difundidas a través de las redes sociales y como lo ratificó ante un ministro dela Cortede Temuco un niño mapuche de 10 años de que declaró haber sido agredido por carabineros durante el allanamiento de su hogar enla comunidad Wente WinkulMapu el 7 de junio.

El intendente regional, Andrés Molina, sostiene que quienes reclaman “no entienden lo que es vivir en un estado de derecho”. El examen de lo ocurrido evidencia que son, precisamente, los derechos humanos y los derechos especiales que asisten a los miembros de los pueblos originarios, los que el Estado transgrede a través del accionar de sus instituciones, de sus autoridades y funcionarios.

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