Se desploma el “caso Quino”

Comunicaciones ANIDE

En fallo dictado el 4 de junio la Corte Suprema selló la definitiva exclusión del Ministerio Público del juicio oral contra nueve mapuches acusados de participar en el “caso Quino”. Ante el Tribunal de Garantía de Victoria, en el proceso por asalto a una plaza de peajes e incendio de un  camión, actuará ahora como único querellante el Ministerio del Interior, que  persigue una condena por delitos comunes y no por actos terroristas como pretendió infructuosamente el Ministerio Público. 

Los acusados son mapuche jóvenes provenientes de las comunidades Temucuicui Autónoma y Cacique José Guiñón. Dos de ellos, L.M.C. y J.P.Q., eran personas menores de edad al momento de registrarse los presuntos delitos, en octubre de 2009, pese a lo cual el Ministerio Público no cejó en su afán de que se les aplicarala Ley Antiterrorista.En todo este tiempo todos ellos han sufrido persecución, maltratos y prolongados períodos de reclusión.

El fallo de la Corte Supremaconstituye un duro revés para el Ministerio Público en su afán de aplastar el movimiento social mapuche mediante la maquinaria judicial del Estado. Sin embargo, el Fiscal Regional, Francisco Ljubetic, no se da por vencido y vuelve a la carga: una semana después de verse excluido del “caso Quino” volvió a la carga afirmando que en la zona de Ercilla existe “una guerrilla rural que está provocando serios daños en la Araucanía, un temor generalizado en una vasta parte de la población”. Y evidentemente acorde con dicha tesis, en días pasados el Intendente Regional, Andrés Molina, valoró la creación de un “Comité Rural de vigilancia”, formado por empresarios agrícolas de Angol, Ercilla y Collipulli y cuyo presidente “no descartó respuesta armada ante atentados”, según informó El Mercurio.

Los planteamientos del Fiscal Regional y la curiosa la postura del Intendente al avalar una iniciativa a todas luces ilegal y delictiva, en definitiva confluyen en un mismo intento de  reanimar las fantasiosas tesis del foquismo mapuche, de la agitación y de la amenaza terrorista. Ya en un pasado reciente se lanzaron irresponsables acusaciones de vínculos entre activistas mapuche y las guerrillas de las FARC. Vuelven ahora a la misma práctica que por peligrosa e irresponsable todos los sectores deberían condenar.

Mientras tanto los jóvenes mapuche, que durante estos años sufrieron tortura y largos períodos de prisión preventiva por acusaciones artificiosas y nunca comprobadas,  vuelven a quedar expuestos a los avatares de la justicia. Si bien, ya no podrán ser procesados por Ley Antiterrorista como buscó con desmesurado ahínco el Ministerio Público.

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