Más de lo mismo

Editorial

Con la presencia del Presidente de la República y su realización en horario estelar en el Palacio de la Moneda, el gobierno quiso realzar ante el país su voluntad de enfrentar la situación de violencia existente en la Región de la Araucanía por obra de encapuchados armados que, actuando al amparo de la noche, han realizado diversos atentados incendiarios contra agricultores y empresas forestales.

Presentados los hechos –como el gobierno lo hace y como lo potencia la prensa oficial- en el contexto de las reivindicaciones de las comunidades mapuche, lo que se hace en la práctica es endilgar de manera directa la autoría de los atentados a estas comunidades. Y a partir de allí el gobierno programa sus acciones.

La autoridad no presenta, sin embargo, el cuadro completo de la violencia. Porque en su exposición no aparece la violencia que viven las comunidades mapuche por obra del gobierno y sus agentes, ni la situación de violencia que representa vivir como viven las comunidades: en la extrema pobreza, en la discriminación, en el abuso y la injusticia.

En el diagnóstico del gobierno no figura la violencia excesiva de los agentes del Estado en contra de los comuneros mapuche y de sus hijos, la militarización de caminos y poblados, los controles de cargados de racismo y amenazas que sufren permanentemente los mapuche, el temor permanente de las familias mapuche a los allanamientos ejecutados por ejércitos de policías que irrumpen de madrugada en sus humildes hogares destruyendo todo, asfixiándolas con sus gases lacrimógenos, golpeando y disparando a mujeres y hombres, adultos, ancianos y niños.

Esta violencia se silencia y no figura en la preocupación del Ejecutivo. Al contrario. De allí que en el centro del plan surgido de la “cumbre” de La Moneda sólo aparezca más de lo mismo: más carabineros, más detectives, mayor coordinación entre ellos, más tecnología y equipos para ellos, fortalecimiento de la persecución realizada contra los mapuche a través de los fiscales, hacer más eficiente el uso de los “testigos protegidos” que hasta ahora han constituido la herramienta más efectiva en los montajes que permiten perseguir a los mapuche mediante la impresentable Ley Antiterrorista creada por la dictadura de Pinochet y perfeccionada por los gobiernos de la democracia.

El gobierno también destaca como parte de su plan la entrega de ayuda sicológica y medios materiales para quienes aparecen como víctimas de los atentados. Pero no dedica una línea a las víctimas de la violencia del Estado y sus agentes. La sensibilidad del gobierno no alcanza a los niños mapuche. Para ellos no hay planes de apoyo ni medidas reparatorias de ningún tipo. Al contrario. Tras el más reciente episodio de represión contra la comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui que, entre otros, dejó a cinco niños heridos de diversa gravedad, el Seremi de Gobierno de La Araucanía, Mauricio Ojeda, en contrapunto con el jefe de la IX Zona Policial, general Iván Bezmalinovic,  esgrimieron el impresentable argumento de que los mapuche utilizan a niños y mujeres como “escudos humanos” para enfrentar la acción de las fuerzas policiales.

Las acciones y declaraciones que emanan del gobierno sólo vienen a confirmar que las acciones reivindicatorias de las comunidades mapuche serán enfrentadas sin reparar en la violencia que ejerzan hacia ellas las fuerzas policiales. Ya las han justificado.

Varias resoluciones de los Tribunales de Justicia han llamado a Carabineros a modificar sus mecanismos de trato a este pueblo originario de acuerdo a los principios internacionales que el Estado de Chile ha suscrito. Y en sus fallos han hecho alusión expresa a la obligación de las instituciones de respetar los derechos del niño.

Sin ir más lejos, sobre el último allanamiento sufrido por la comunidad Wente Winkul Mapu el 7 de junio pasado, ordenado por el fiscal de Collipulli, Luis Chamorro y materializado por unos cien efectivos policiales dejando un  saldo de varios heridos, entre ellos un anciano y tres menores,  la Corte Suprema dictaminó que la actuación de Carabineros implicó “un uso excesivo de la fuerza” e instó a sus responsables a ejercer sus funciones “con estricta sujeción a la normativa institucional y legal vigente, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

Pero el gobierno se evidencia incapaz de ver el cuadro completo de la violencia y de asumir las razones profundas del llamado conflicto mapuche. Que es más bien un conflicto creado por el Estado de Chile al despojar a este pueblo de sus espacios ancestrales y mantenerlos hasta hoy en situación de desigualdad, de exclusión social y de extrema pobreza.

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