¿Existe justicia para el mapuche?

Editorial

La situación de derechos de los pueblos originarios en Chile sigue marcada por el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches que reclaman demandas insatisfechas, tratamiento discriminatorio y graves abusos. La reivindicación de espacios ancestrales ocupa el centro del escenario, pero no constituye el único punto; el contexto geográfico de la disputa tampoco se restringe sólo a lo que la prensa oficialista ha etiquetado como “la zona roja”; los conflictos, abiertos o latentes, menudean en diversos puntos del amplio espacio que abarcan las regiones del Biobío hasta Los Lagos. Tampoco es el  Estado y sus instituciones el contendiente único: organismos de la sociedad civil, privados y empresas aparecen también involucrados en las disputas. 

Pero es en el plano de los derechos humanos donde se objetivizan las situaciones más críticas de la relación entre el pueblo originario y el Estado. Mientras sigue sobrevolando la sombra de la Ley Antiterrorista invocada contra los mapuches implicados en la lucha por las demandas de sus comunidades, se reiteran los episodios que parecen dar sentido a la convicción, compartida por parte importante del país, de que para el mapuche no hay justicia.

Lo refrenda el reciente fallo absolutorio dictado por la Corte Marcial en el caso de Jaime Mendoza Collío, el comunero de 24 años de edad muerto en agosto de 2009 por el disparo de un carabinero durante el desalojo de un fundo en la zona de Ercilla. El tribunal militar de Valdivia había condenado a cinco años y un día de cárcel al victimario, el cabo de Carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz, dictamen que ahora ha revocado la Corte Marcial argumentando que el policía actuó en “legítima defensa”.

Con su dictamen, la justicia militar consagra una vez más la impunidad y avala el uso de la violencia excesiva que desde ya hace mucho tiempo caracteriza el accionar de las policías en Chile para enfrentar los movimientos sociales. Sin ir más lejos, se ha cumplido también un año del trágico episodio que costó la vida al adolescente Manuel Gutiérrez en la comuna de Macul, Región Metropolitana, muerto por otro disparo policial, y el aniversario ha permitido recordar que su crimen sigue impune. En el caso del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, a la muerte de Jaime Mendoza se suman las de Alex Lemún en 2002 y de Matías Catrileo en 2008. Los tres fueron abatidos por disparos de carabineros cuando participaban en acciones reivindicatorias de sus comunidades.

La impresentable resolución del caso Mendoza Collío obliga a reiterar ante el país y sus dirigentes que en una sociedad democrática resulta inexcusable la persistencia de tribunales militares que, como en los peores tiempos de la dictadura, en lugar de juzgar con la máxima severidad a los uniformados autores de delitos, se dedican a protegerlos y justificarlos.

Mientras tanto, en el revés de la trama, los procesados mapuche siguen recibiendo el peso reconcentrado de la ley en juicios en que las fiscalías utilizan a su amaño las franquicias del sistema procesal para obtener sanciones excesivas por delitos cuestionables, cuando no inexistentes. Es el caso de la reciente condena de más de 10 años de presidio que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó contra los jóvenes Daniel Levinao y Paulino Levipán, de la comunidad Wente Winkul Mapu, como culpables de homicidio frustrado en contra del general de Carabineros Iván Bezmalinovic, jefe de la IX Zona Policial de La Araucanía.

Y se cierra por ahora el cuadro con el dictamen del mismo tribunal, que declaró culpable a Mijael Carbone, werkén de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, por homicidio frustrado de carabineros, condenándolo a siete años de cárcel.

La confrontación de situaciones constituye suficiente prueba del trato discriminatorio que el pueblo mapuche recibe por parte del Estado de Chile. En ese contexto de violencia viven y crecen las nuevas generaciones que comienzan también a cuestionarse si hay justicia para los mapuche. ¿Qué se les puede responder?

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