Procesos que se derrumban, secuelas que permanecen

Comunicaciones ANIDE

En un fallo dictado el 18 de octubre pasado, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los jóvenes comuneros mapuche Paulino Levipán Collán y Daniel Levinao Montoya y modificó las penas de doce años de cárcel dictadas contra ellos por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. En el caso de Levipán, que había sido condenado por homicidio frustrado contra carabineros, el máximo tribunal recalificó el cargo a lesiones, rebajando a tres años la pena, que el condenado cumplirá de manera remitida, sin privación de libertad. En cuanto a Levinao, se confirmó la sentencia en lo referido a porte ilegal y tenencia de armas de fuego, pero se anuló por “evidente falta de fundamentación” la condena por homicidio frustrado en contra del general de Carabineros Iván Bezmalinovic y se ordenó realizar un nuevo juicio. 

El dictamen de la Corte Suprema, de carácter unánime, fue pronunciado por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Jorge Lagos.

El mismo delito, homicidio frustrado contra carabineros, ha sido también imputados a los comuneros Rodrigo Montoya Melinao y Eric Montoya Montoya. El pasado 18 de octubre la Corte de Apelaciones de Temuco modificó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplían, quedando bajo arresto domiciliario. Con todo, los delitos que el Ministerio Público les imputa podrían significarles condenas de más de 20 años de cárcel.

Eric Montoya había sido detenido por carabineros el 7 de junio pasado, durante un violento allanamiento a su hogar en la comunidad Wente Winkul Mapu. En esa ocasión recibió impactos de perdigones en el cuello, tórax y una pierna, además de una fuerte golpiza, mientras que su padre, Venancio Montoya, kimche de 78 años, resultó herido de gravedad por disparos de escopeta que recibió en las piernas.

El mismo trato sufrió otro de sus hermanos, Segundo Montoya, también fue detenido. En esa ocasión recibió un disparo de escopeta en una pierna que lo dejó inmovilizado, pese a lo cual fue acusado de ser autor de “maltrato de obra reiterado a carabineros” por el fiscal Luis Chamorro , quien pidió para el joven una condena de 800 días de presidio. En el juicio simplificado, realizado el 1 de noviembre, el Tribunal de Garantía de Collipulli declaró inocente a Segundo Montoya y decretó su libertad.

Huelga de hambre

En la cárcel de Angol, mientras tanto, Paulino Levipán, Daniel Levinao, Eric  Montoya y Rodrigo Montoya iniciaron una huelga de hambre el 27 de agosto para exigir la anulación de las sentencias ya dictadas y la revisión de las causas judiciales respectivas y para denunciar las situaciones que el Estado y sus instituciones utilizan para perseguir y aplastar las luchas reivindicatorias del pueblo mapuche.

La acción tuvo obvios efectos de gravedad en la salud de los comuneros, pese a lo cual persistieron en su manifestación de resistencia hasta que la Corte Suprema emitió el dictamen favorable para los condenados, concluyendo la huelga el 25 de octubre. Dos días antes, otros cinco jóvenes mapuches encarcelados en Temuco habían puesto término a una acción similar iniciada 23 días antes y que en las últimas jornadas se había transformado en ayuno seco.

Leonardo Quijón, Luis Marileo, Fernando Millacheo, Guido Bahamondes y Cristian Levinao exigían ser trasladados a la cárcel de Angol para estar cerca de sus familias, acogiéndose a lo que prescribe el Convenio 169 de la OIT, instrumento de derecho internacional referido a los pueblos originarios que en Chile entró en vigencia en 2009. Los cinco ayunantes sólo accedieron a levantar su acción una vez que Gendarmería, gracias a la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se comprometió a cumplir esa demanda.

Secuelas de la injusticia

Quijón, de 19 años, fue procesado dos veces por Ley Antiterrorista cuando era menor de edad y en ambas ocasiones fue absuelto. Marileo, hoy de 20 años de edad, fue también procesado por Ley Antiterrorista siendo menor de edad en el denominado “caso Quino”. Ambos hoy se encuentran en prisión preventiva por presunta autoría de un asalto con robo y homicidio ocurrido en el sector de San Ramón a comienzos de septiembre, y Quijón ha retomado la huelga de hambre. Por el mismo caso el menor G.V.M., de 17 años, se encuentra recluido en el Centro de Internación Provisoria del Sename en Chol Chol.

Por estos días, Marileo y Patricio Queipul, otro imputado por Ley Antiterrorista siendo menor, enfrentan lo que se espera sea la etapa final del “caso Quino”, emblemático proceso iniciado en 2009 que llegó a incluir a nueve comuneros en prisión. La estructura de cargos que el Ministerio Público construyó utilizando la Ley Antiterrorista se ha ido derrumbando; el propio persecutor fue excluido del juicio; siete imputados ya fueron absueltos y sólo queda el apartado de quienes eran menores al momento de la detención.

El panorama de juicios que en su momento han levantado espesas polvaredas mediáticas se despeja cuando los procedimientos y resoluciones son abordados por instancias con decisión efectiva de hacer justicia. Lo que sólo son montajes y resoluciones grandilocuentes pero sin base quedan entonces al descubierto y los acusados terminan absueltos y en libertad. Sin embargo, en ellos permanecerá de por vida la pesadilla de la reclusión, el dramático efecto de la prisión en sus familias, los proyectos truncados, la marca que dificultará cualquier proyecto laboral. Son secuelas ignoradas de las que nadie se hace cargo y corresponden también a la historia de persecución y abusos que el Estado de Chile impone al pueblo mapuche.

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