Prolongada reclusión enfrenta menor mapuche

Comunicaciones ANIDE

G.V.M es un adolescente mapuche de 17 años de edad y se encuentra privado de libertad desde el pasado 3 de septiembre, imputado por el crimen del parcelero Héctor Gallardo Aillapán. Su comunidad y su familia han vivido recurrentes episodios de violencia policial y el mismo G.V.M. fue uno de los siete heridos que dejó un allanamiento a su hogar el 7 de junio. Aunque niega toda participación en el caso, para evitar a los suyos una nueva jornada de violencia se presentó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones, PDI, y desde entonces se encuentra internado en el Centro Cerrado del Sename en Chol Chol.

También reclaman su inocencia otros dos imputados, Luis Marileo y Leonardo Quijón, que permanecen en la cárcel de Angol. Pero la investigación no avanza y se teme que, al no contar con pruebas, la fiscalía recurra  a la práctica habitual de pedir al tribunal la extensión del plazo  de cuatro meses fijado para cerrar la investigación.

En sus Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, la ONU plantea que “cuando se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible”. En los tribunales de garantía de la Araucanía las reglas de la ONU parecen no ser materia aplicable.

Es necesario destacar además que para el mapuche una reclusión prolongada significa la aplicación, sin mediar un dictamen de culpabilidad, del castigo del desarraigo y de la negación de vivir con su familia y su comunidad, la negación de vivir su cultura, su religión y su lengua.

Los interrogatorios policiales y de las fiscalías y el trato con los gendarmes además posibilitan otros escenarios para la práctica de graves abusos. Así ocurrió con Quijón y Marileo cuando vivieron la  experiencia de la reclusión siendo también menores de edad. Públicamente han denunciado que vivieron torturas, insultos, racismo y toda suerte de castigos. En el caso de G.V.M. también se le aplican cuestionables medidas que constituyen maltrato y humillación. Por ejemplo, cuando debe comparecer ante el tribunal es llevado engrillado, en vehículos cerrados, y bajo vigilancia armada de personal de Gendarmería.

Cabe agregar, por otro lado, que el sistema penal no presenta los soportes que faciliten el encuentro con la familia mientras los jóvenes se encuentran privados de libertad, Pese a ello hoy resulta destacable que el Sename disponga un vehículo para que los familiares de G.V.M. puedan visitarlo una vez al mes. Una medida no menor considerando el costo que para una familia mapuche pobre significa recorrer la distancia de más de cien kilómetros que existe entre su hogar y el establecimiento de detención.

“Nuestro hermano es inocente y está siendo víctima de un montaje”, afirma Daniel Melinao, werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, a la que pertenece la familia de G.V.M., “La muerte de una persona es un hecho gravísimo que no compartimos, pero estamos seguros de que  el fiscal no está persiguiendo a los verdaderos responsables, sino que al acusar a uno de nuestros hermanos  busca ensuciar y violentar a una comunidad que lucha por sus reivindicaciones”.

La causa del parcelero asesinado es investigada por el fiscal Luis Chamorro, quien a su vez enfrenta una investigación iniciada por el Ministerio Público tras recibir una denuncia en su contra que interpuso la Defensoría Regional Pública por presuntos apremios e irregularidades en los allanamientos practicados por carabineros a la comunidad Wente Wilkun Mapu. Entre los declarantes en esta investigación se encuentra G.V.M. quien precisamente tres días antes de ser imputado por Chamorro había entregado su testimonio como una de las víctimas de los hechos denunciados,

G.V.M . cursaba séptimo básico en el colegio de Pidima. El aparente atraso en su educación formal obedece a que las condiciones de pobreza de su familia lo obligaban también a trabajar. Pero en las actuales circunstancias, recluido, lejos de su hogar y enfrentando un destino judicial impredecible, ni la escuela ni el trabajo están entre sus alternativas.

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