Procesos interminables y coyunturas kafkianas

Editorial

GMV, de 17 años de edad, se encuentra internado desde septiembre de 2012 en el Centro Cerrado del Sename en Chol Chol, imputado por el fiscal de Collipulli, Luis Chamorro, de ser culpable de asalto, secuestro, robo y homicidio de un parcelero de la localidad de San Ramón. Al igual que otros dos imputados existentes en el proceso, se presentó voluntariamente ante la policía que lo buscaba y, como ellos, sostuvo no tener absolutamente ninguna participación en el caso, pero el juez de Garantía optó por conceder al fiscal un plazo de cuatro meses para investigar y como medida cautelar y por igual período, internar a GVM en el centro del Sename y enviar a la cárcel en prisión preventiva a los otros dos detenidos.

 A pesar de que el plazo de la investigación está superado ya con creces, aún no hay claridad respecto del momento en que el fiscal dará cuenta de las pruebas reunidas en  contra de sus acusados. GVM insiste en su inocencia, en sus comunicados se presenta como “preso político mapuche menor de edad” y denuncia irregularidades en el proceso y discriminación en las condiciones que enfrenta como interno del Sename.

Como ocurre en tantos interminables procesos contra miembros de las comunidades mapuche, la vida de GMV se encuentra suspendida en un interregno cuyos hilos digita el Ministerio Público. La nada del encierro rige su vida. La desvinculación y lejanía en que se encuentra respecto de su familia y de su comunidad para él significa la imposibilidad de participar de las prácticas diarias y de los grandes y pequeños eventos de la cultura mapuche, la imposibilidad de trabajar o de volver al colegio. Cuando fue detenido cursaba 8° básico en la escuela de Chequenko. La realidad de un hogar sin padre le imponía como primera prioridad la obligación de trabajar; de allí su evidente retraso dentro del sistema escolar. En las familias humildes de Chile tal situación no es una rareza y, por supuesto, tampoco lo es en las familias mapuche.

GVM es miembro de la comunidad Wente Winkul Mapu y su relación con el fiscal Chamorro no es reciente. De hecho, fue uno de los tres menores lesionados, de un total de siete heridos, que dejó un allanamiento ejecutado por carabineros en  esa comunidad en junio de 2012. La diligencia policial fue ordenada por ese fiscal y el grado de violencia desplegado entonces por la autoridad motivó un recurso de amparo que acogió la Corte de Temuco y después ratificó la Corte Suprema,  dictaminando que hubo “un uso excesivo de la fuerza” de parte de los policías.

Que un fiscal cuyas acciones son objetadas por las más altas instancias de la justicia aparezca luego dirigiendo nuevas causas contra sus víctimas resulta algo difícil de entender.  Pero en la práctica judicial que rige la vida de las comunidades mapuche en conflicto con el Estado esto resulta habitual.  En el proceso por el caso del agricultor asesinado en San Ramón son tres los imputados como autores de los ilícitos que investiga el fiscal Chamorro. Aparte de GMV y en su misma condición figuran Luis Marileo Cariqueo y Leonardo Quijón Pereira, quienes ya han vivido largos períodos de internación y cárcel en otros juicios en que ha participado el fiscal Chamorro y que han terminado en fallos absolutorios.

Aún no hay claridad respecto del plazo en que el fiscal expondrá sus pruebas, ni de la consistencia de su eventual acusación. Pero mientras tanto y en paralelo surgen nuevas situaciones digitadas por el Ministerio Público que crean atmósferas casi kafkianas en torno a los imputados.

Leonardo Quijón señalaba en días pasados que se encuentra sin abogado defensor y que sus perspectivas de libertad se ven complicadas porque “ahora, por persecución del sistema me han puesto dos causas más, por incendio y amenazas sólo para tenerme en prisión”, a lo que se suma otra causa por amenaza abierta por el fiscal Chamorro contra su hermana, Cristina Quijón.”

Luis Marileo enfrenta otra sorpresiva coyuntura derivada de haber sido uno de los dos menores de edad acusados por el llamado “caso Quino”. La causa data de 2009 y de ella fue  excluido el Ministerio Publico al no cumplir la orden de la jueza de corregir los vicios formales que afectaban la acusación fiscal. Finalmente fueron llevados a juicio oral ocho comuneros que el Tribunal de Angol absolvió en agosto pasado. El caso parecía cerrado pero ha sido reflotado ahora por el Ministerio Público que obtuvo de la Corte de Temuco el pase para abrir un nuevo juicio en que pretende procesar a quienes entonces eran menores de 18 años y que al abrirse la causa fueron formalizados bajo la Ley sobre Conductas Terroristas.

Quijón, Marileo y ahora GMV son parte de un amplio contingente de jóvenes mapuche que han vivido niñez y juventud, entrando y saliendo de las cárceles de La Araucanía perseguidos por las fiscalías. El hecho de que finalmente siempre resulten absueltos obliga a preguntarse sobre la consistencia del trabajo de los investigadores y acusadores, y a sospechar que muchas veces ellos sólo constituyen recursos fáciles para echar mano cuando los fiscales necesitan mostrar resultados y justificarse por algún delito no resuelto. Presentan las detenciones de estos y otros jóvenes como logros de eficientes operaciones de inteligencia encargadas por ellos a los organismos policiales. Pero a la hora de ponerse serios, de mostrar pruebas, de demostrar delitos, nada, no tienen nada.

Al final, y en lo que no reparan quienes tienen el poder, es que así se va prolongando la estadía de estos niños y jóvenes mapuches tras las rejas, abusados, estigmatizados, perseguidos. No hay respeto para ellos de parte del Estado, deberían ya quedar libres y tal vea así será, pero quién les va a resarcir del tiempo perdido, de su alejamiento de la ñuke mapu, del trabajo que no pudieron realizar, de los sueños rotos, del sufrimiento de sus familias y sus comunidades.

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