Las duras cifras del sistema penal

Comunicaciones ANIDE

El 23,7% de las detenciones ilegales que el sistema penal  registró durante el año pasado correspondió a  personas que forman parte de nuestros pueblos originarios. El antecedente forma parte de la preocupante situación derivada del trato que en Chile se prodiga a los migrantes y a sus indígenas y jóvenes, según expuso el Defensor Nacional, Georgy Schubert Studer, al dar cuenta pública de su gestión 2012. 

El  presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcos Vásquez, destacaron entre las autoridades presentes en esta exposición que retrata con cifras duras una realidad  deficitaria de derechos que afecta a grandes sectores de la comunidad.

Señaló Schubert que desde el inicio de la reforma procesal penal, la Defensoría ha prestado servicios en cerca de dos millones y medio de causas de imputados, precisando que el ingreso de 2012 fue de 361 mil 634 causas.

Añadió que en términos de porcentaje, el volumen de imputados con prisión preventiva se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo, sí ha aumentado el total de personas afectadas, pasando de casi 14 mil en 2006 a más de 21 mil personas en 2012. En la aplicación de esta medida cautelar destacan los extranjeros (18,2 por ciento) y los indígenas (poco más de 7 por ciento). En el caso de los adolescentes el tema es aún más preocupante  pues sólo el 15 por ciento de los jóvenes a los que se les aplicó la medida de internación provisoria fueron finalmente condenados a una pena privativa de libertad.

Explicó el Defensor Nacional que las personas menores de edad mantienen el 10 por ciento de los ingresos de la Defensoría, 74 por ciento de cuyos casos fueron atendidos en 2012 por defensores penales especializados en adolescentes, práctica que según Schubert debe extenderse a todas las instituciones involucradas, porque “la experiencia comparada es consistente en mostrar que sólo un sistema basado en la especialización de sus actores permite la maximización de la respuesta procesal frente a cada joven”.

Schubert mostró su preocupación por  los elevados índices de controles de detención,  prisiones preventivas y detenciones declaradas ilegales que se registran cada año y que afectan en particular a los grupos antes señalados. El trato deficitario de derechos que afecta a los miembros de los pueblos originarios queda especialmente graficado en lo que se refiere a detenciones ilegales. “Si bien las detenciones que se declaran ilegales son muy pocas (casi 1,5 por ciento),  es interesante analizar (…) que se declaran con mayor frecuencia cuando el detenido es indígena (23,7 por ciento), adolescente (17,1 por ciento) o extranjero (13,5 por ciento)”, precisó el Defensor Nacional. “Es importante que reflexionemos como sociedad, ya que estos indicadores reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos”, concluyó.

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