Represión masiva y persecución selectiva

Editorial

PDI allanamiento freire 1

El pasado 30 de abril un masivo allanamiento a los lof  de Trapilhue y Mahuidache, en la comuna de Freire, puso otro hito en el escenario de violencia histórica que el Estado de Chile inició hace ya más de un siglo y medio cuando puso en marcha la mal llamada “pacificación de la Araucanía”. Se extiende así el contexto de intensa represión que están enfrentando las comunidades mapuche más activas en la tarea de vivir y defender su cultura y de reivindicar sus tierras ancestrales.

 La nueva ofensiva  aparece también como reacción  de los organismos del Estado a las acusaciones de ineptitud y debilidad que han venido lanzando en su contra los gremios empresariales. Estos sostienen que el primer trimestre de 2013 fue el más violento de los últimos cuatro años en la región debido a delitos de presunta autoría mapuche que van desde incendio calificado de terrorista con resultado de muerte hasta amenazas y daños diversos.  Matizando con críticas directas al gobierno y a las policías, los dirigentes patronales  y sus representantes políticos exigen que se  imponga la tranquilidad y el  orden público. Y la respuesta obediente de los órganos del Estado es la de siempre: represión masiva contra las comunidades y persecución selectiva de dirigentes y luchadores sociales.

De acuerdo a esta metodología, en la madrugada del 30 de abril grupos de policías fuertemente armados irrumpieron en numerosos hogares mapuche de la comuna de Freire atemorizando con golpes, amenazas e insultos racistas a sus ocupantes, incluidos ancianos, niños y niñas, interrogándolos  sobre la existencia de armamentos y sobre supuestos “indios terroristas” que se esconderían en la zona.

Un testimonio del trato recibido lo entregó Eulogio Painevilo, quien señaló que agentes de civil lo arrastraron al exterior de su vivienda con las  manos esposadas en la espalda, lanzándolo al suelo e interrogándolo con gritos y golpes sobre  armas que presuntamente tendría en su poder. “La impotencia más grande fue sentir los gritos y llantos de  mis hijos de 5 y 6 años desde el interior de mi casa… de esa manera respondían a las preguntas a grito que le hacían los policía, los amenazaban con que matarían a su papá si no decían donde escondía (yo) las armas. Después ellos (mi hijos) y mi mujer me dijeron que hasta llegaron a ofrecerles dulces, golosinas y hasta las linternas con las que alumbraban como regalos si decían dónde tenía las armas”.  Añadió que los policías desordenaron y causaron graves daños en su hogar. “Después me soltaron y ningún armamento encontraron, lo que sí se llevaron fueron los teléfonos celulares, un chuzo, y dinero en efectivo al igual que en todas las casas allanadas”.

La Alianza Territorial Mapuche denunció que esta nueva jornada de allanamientos dejó un saldo de doce mapuche detenidos y uno herido. Tres de los detenidos, según informó  El Mercurio, fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Pitrufquén como autores de un atentado incendiario ocurrido el 11 de diciembre pasado en el sector donde se construye el aeropuerto regional,  que dejó al chofer de un camión con quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo. El dirigente mapuche Javier Meliman acotó que los restantes detenidos fueron soltados en los caminos del sector previa aplicación de maltratos físicos y sicológicos

La situación vivida en estos poblados expone una vez más la dinámica del Estado y sus organismos policiales en su trato hacia las comunidades mapuche, una dinámica de atropello generalizado de derechos. En lo que va de 2013 el panorama ha continuado sin cambios y las órdenes perentorias de los tribunales a las policías para que atengan sus prácticas a la legalidad se vuelven letra muerta.

Para Fundación ANIDE resulta urgente reiterar el efecto que ejerce la vivencia de este maltrato que agrega dolor y sufrimiento a la situación de pobreza y discriminación en que viven las comunidades mapuche, y exige el respeto a los tratados y acuerdos internacionales por los cuales el Estado de Chile se obliga a proteger los derechos de los pueblos originarios, en especial de sus niños, niñas y jóvenes.

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