El Estado de Chile en el banquillo de los acusados

Comunicaciones ANIDE

El Estado de Chile se enfrenta nuevamente al serio riesgo de una condena internacional por  sus antecedentes en materia de justicia y derechos humanos. En 2005 ya fue sancionado por el Sistema Interamericano por violar los derechos de libertad de pensamiento y privacidad al  prohibir y perseguir al autor de un libro sobre las actividades de inteligencia de la Armada, en el llamado caso Palamara. Ahora enfrenta una demanda por discriminación en contra de integrantes del pueblo mapuche y el riesgo de una sanción se ve reforzado por la contundencia de los argumentos y testimonios presentados en la audiencia pública que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó el 29 y 30 de mayo  pasado.

La denuncia, contenida en la causa caratulada como “Norín y otros vs. Chile”, se orienta a probar las violaciones a los derechos indígena en que incurrió el Estado al aplicar la Ley Antiterrorista en tres causas -el caso de los lonko,  el caso Poluco-Pidenco y el caso Ancalaf-, afectando a siete líderes mapuche que resultaron condenados con penas de hasta diez años de cárcel: los lonko Aniceto Norín, Pascual Pichún y Juan Millacheo; los dirigentes y comuneros José Huenchunao, Víctor Ancalaf, Jaime y Juan  Marileo, y la activista Patricia Troncoso.

Se plantea en la demanda que la Ley Antiterrorista, dictada por la dictadura del general Augusto Pinochet, es contraria a todo principio de legalidad; que su aplicación a estos dirigentes mapuche fue abiertamente discriminatoria pues se basó en el origen étnico de ellos y que los procesos realizados adolecieron de irregularidades que afectaron el derecho al debido proceso. También se denuncia que al despliegue de la represión estatal contra los líderes indígenas se suman los “daños humanos y sociales con traumáticos efectos sobre familias, comunidades, ancianos, adultos, jóvenes y niños”.

En la audiencia pública realizada en San José de Costa Rica, sede del organismo, la Corte escuchó los testimonios de los condenados Jaime Marileo y Víctor Ancalaf. También testimonió Juan Pichún, hijo de Pascual Pichún, lonko del lof Antonio Ñirripil, Temulemu, fallecido en marzo último, quien permaneció encarcelado durante cuatro años condenado por amenaza terrorista contra el abogado y latifundista Juan Agustín Figueroa.

 “Mi padre  nunca entendió por qué se lo acusó de ser un terrorista, murió sin saberlo”. “Los medios y el Estado acusaron a mi padre de terrorista. Fue su dolor. Mi padre se fue con eso”, señaló Juan Pichún. Añadió  que su “mayor problema al salir de la cárcel fue demostrar a los no mapuche que no es lo que el Estado dijo que era, un terrorista. Otro problema es no tener derecho a participación ciudadana, negarle el voto, impedir su participación para asumir un cargo público…”

Victor Ancalaf, primer comunero mapuche condenado por la Ley Antiterrorista,  en el año 2001, afirmó que  “el  Estado debe reconocer que se ha cometido un error contra la demanda social del  pueblo mapuche, debe pedir disculpas públicas al pueblo mapuche (…). “El pueblo mapuche es un pueblo respetuoso, llenos de paz, no es terrorista, no tenemos nada que ver con los terroristas”  (…).  “Los gobiernos saben que los mapuche siempre hemos dialogado con la autoridad. Y no hemos sido escuchados”.

Jaime Marileo se refirió a las dificultades que un condenado por delitos terroristas enfrenta  después de salir de la cárcel: “Yo salgo con condicional, y llego a mi comunidad que está militarizada. En lo personal, tengo una hija, una compañera y una pequeña casa, y se hace difícil en el tema laboral. No me reciben por tener esos antecedentes por Ley Antiterrorista. Además, mi licencia de conducir es por un año, pese a que la ley la entrega por seis años, me indican que es por la aplicación de esta ley”.

Con posterioridad a la presentación de testimonios la Corte escuchó los alegatos de las partes y formuló preguntas a los abogados de las víctimas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del Estado, otorgando el plazo de un mes para que entreguen por escrito sus respuestas a estos requerimientos.

Cerrada esta etapa el tribunal deberá redactar su sentencia, que se espera para fines de 2013 o comienzos de 2014, en que deberá confrontar las pruebas y descargos con los principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Chile es firmante, que establecen, entre otros, los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el principio de la legalidad, el derecho a la defensa, y el derecho a ser juzgado ante un juez imparcial.

Los demandantes solicitan la derogación de la Ley Antiterrorista  y su sustitución por una normativa acorde al derecho internacional,  la investigación y la sanción de los funcionarios del Estado, fiscales, jueces y personal del Ministerio del Interior involucrados en estos procesos y la creación de un fondo autogestionado de educación para niños mapuches, para “la reconstrucción y transmisión del conocimiento ancestral” de estas comunidades, además de  la restitución de los territorios ancestrales de las comunidades afectadas.

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