Una campaña interminable

Editorial

Amargas situaciones que afectan principalmente a jóvenes involucrados en las luchas reivindicatorias de sus comunidades dibujan un cuadro de sostenido hostigamiento que enfrenta el pueblo mapuche y, al mismo tiempo, constituyen la demostración del absoluto fracaso que obtiene el actual gobierno en la tarea de avanzar en la búsqueda de soluciones para el conflicto que el propio Estado de Chile creó y mantiene vivo desde hace siglo y medio.

La así llamada “pacificación de la Araucanía”, campaña militar, de pillaje y exterminio iniciada en la segunda mitad del siglo XIX para despojar de sus tierras y bienes al pueblo mapuche al sur del río Bío Bío, abrió esta herida profunda que no restaña y sigue abierta por la ciega y brutal represión de las instituciones que responden a quienes tienen el poder. La campaña no ha terminado; se mantiene hoy como ayer, impulsada  por la codicia sin límites de sectores dispuestos siempre a seguir desangrando los espacios ancestrales de este pueblo originario.

G.V.M., adolescente en huelga de hambre desde hace semanas en rechazo a la parálisis del juicio que lo mantiene recluido en Chol Chol ya por diez meses, y la pena de 200 días de cárcel por desórdenes públicos confirmada por la Corte Suprema para Vania Queipul, werken de la comunidad Temucuicui Autónoma, grafican parte del momento difícil que viven los jóvenes, las comunidades y las familia mapuche.

En el terreno de las comunidades, los violentos allanamientos ocurridos en el sector Trapilhue y Mahuidache, comuna de Freire, a fines de abril, son también otra cara de la violencia que el gobierno esconde y los medios enmascaran al presentarlos como diligencias para dar con los autores de delitos. Del daño físico y psicológico causado a niños, mujeres y adultos mayores de las comunidades allanadas nadie se hace cargo.

Pero el escenario del hostigamiento es dinámico y una nueva e inesperada perspectiva se ha abierto en las semanas recientes desde las páginas editoriales del diario El Mercurio para reclamar por el We Tripantu, la ceremonia del año nuevo mapuche que en la cárcel de Temuco ofició el machi Celestino Córdova, único acusado del incendio que costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay en enero pasado.  “A todas luces, lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Su calidad de machi (autoridad espiritual) no justifica que se permita al acusado de un crimen atroz invitar a un acto masivo, en el que puede oficiar como si no hubiese mediado delito alguno”, sostuvo el matutino en una de las primeras notas editoriales referidas al tema.

El gobierno, presionado por el momento electoral y por la preeminencia de quien le formula la observación, se deshizo en reconvenciones para sus subordinados en el Ministerio de Justicia y Gendarmería y dispuso instrucciones y sanciones para evitar que algo semejante vuelva a suceder. En reacción a estas advertencias lanzadas por el Ministro del Interior, Gendarmería primero limitó y luego prohibió a reclusos mapuche del penal El Manzano de Concepción que realicen esta tradicional celebración, pero el tribunal de Angol en un dictamen de urgencia solicitado por la Defensoría Penal Pública logró que se efectuara el acto.

A la situación descrita se suman mandos medios, gremios y políticos que aplauden las medidas adoptadas reflejando la ignorancia y/o la ausencia de sensibilidad de los poderes y de esa parte de la sociedad hacia la cultura de los pueblos originarios que en esta fecha realizan el oficio más trascendente de cada año para pedir a la naturaleza lluvias y buenas cosechas, nacimientos y maduración de nuevos y mejores fruto al iniciar la tierra un nuevo ciclo de vida.

Pero en la ofensiva mediática se advierte no sólo un afán punitivo por crímenes que el Ministerio Público no ha podido resolver. También se observa la perspectiva de resistencia y de ofensiva de los sectores  más conservadores contra la ratificación y actual vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la OIT y de todos aquellos instrumentos internacionales que obligan al Estado de Chile a respetar y  respaldar las actividades y formas de vida de quienes pertenecen a los pueblos indígenas.

Son escasas las voces que se alzan frente a este discurso. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, algunas ONG, algunos académicos y religiosos han intentado hacer ver la irracionalidad de las medidas sancionatorias. Es cierto también que no abundan las vías de difusión para expresiones que sean distintas a las de quienes hasta ahora llevan la voz cantante.

En las actuales circunstancias que el país vive, cuando está en pleno desarrollo la campaña para designar a un nuevo Presidente de la República y renovar parte del Parlamento, es importante que quienes aspiran a cargos de autoridad se expresen respecto de estas y otras situaciones que afectan a las comunidades indígenas y expongan al país sus propuestas referidas al tema mapuche. Pero hasta ahora sólo se escucha el silencio.

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