El Estado y la violencia en territorio mapuche

Editorial

La muerte de Rodrigo Melinao Licán ocurrió en medio de la noche,  a la vera de un camino vigilado y frecuentado por carabineros que mantienen presencia permanente en todo el sector. Sin embargo, nadie vio ni escuchó nada. Esta circunstancia y la situación de perseguido que vivía el joven mapuche, el acoso que sufren las comunidades y la militarización que rige en toda la comuna de Ercilla, hacen explicable la sospecha de que se trató de un ajusticiamiento o de una ejecución extrajudicial.

Rodrigo Melinao se encontraba con medidas cautelares y a la espera de un recurso de nulidad interpuesto ante la Corte Suprema por el dictamen del pasado 24 de julio del Tribunal de Juicio Oral de Angol que lo condenaba a 5 años y un día de presidio por incendio de bosques y 541 días de presidio por daños calificados, por hechos ocurridos en junio de 2011 en un predio de Forestal Cautín. El martes 6 de agosto  fue encontrado sin vida en una parcela de Chiguayhue que es parte del  espacio reivindicado por las comunidades del sector como parte de sus territorios ancestrales. Había recibido en el pecho una descarga de escopeta disparada casi a quemarropa. Miembro de la comunidad Rayen Mapu y de 26 años de edad, Rodrigo Melinao dejó en la orfandad a dos hijos pequeños y a uno por nacer.

Como signatario de instrumentos internacionales que velan por los especiales derechos de los pueblos originarios, el Estado de Chile está obligado a despejar las dudas y sospechas existentes frente a este caso, propiciando las medidas y condiciones que permitan investigar lo ocurrido con trasparencia y resolución, para despejar la verdad y aplicar todo el rigor de la ley a sus autores.

La aplicación de la ley es, sin embargo, uno de los aspectos más controversiales de la relación entre el  Estado y los pueblos originarios. La experiencia histórica demuestra la discutible aplicación de justicia cuando las víctimas son parte del pueblo mapuche. Una nueva prueba de ello es la impunidad en que en la práctica ha concluido el juicio por el asesinato de  Jaime Mendoza Collío.

Mendoza Collío, como Rodrigo Melinao, son ejemplo de comuneros que desde niños vivieron  la discriminación y la pobreza en que el Estado de Chile mantiene a las comunidades mapuche.  Y son prueba, además, de la violencia, la persecución y incluso la muerte que aguarda a los jóvenes mapuches que se rebelan contra el despojo histórico y asumen la lucha por las reivindicaciones sociales y territoriales de sus comunidades.

A esa violencia y maltrato del Estado se refería Ben Emmerson, Relator especial de la ONU sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, que entre el 17 y el 30 de julio pasado permaneció en el país realizando un intenso trabajo de conocimiento y conversación con  representantes de los tres poderes del Estado, de la sociedad civil y de las comunidades mapuche.

Al término de esta visita, Ben Emmerson encomendó el estudio exhaustivo de la situación de derechos humanos del pueblo mapuche y de sus reclamaciones territoriales y pidió a las autoridades enfocar su acción en tres áreas prioritarias:

Pidió, primero, que las autoridades eviten invocar la Ley Antiterrorista contra los manifestantes mapuche por el tema territorial. En segundo lugar, solicitó que se instaure una Comisión Consultiva Nacional, con amplia representatividad de integrantes de la nación mapuche, para avanzar en materias como el reconocimiento constitucional de ésta y las demás etnias presentes en Chile, y la restitución sus tierras. Y tercero, la definición de una Estrategia Nacional para planificar una política ampliamente participativa, que incorpore los derechos del Convenio 169 de la OIT, para así avanzar en el reconocimiento político, cultural y práctico de la nación mapuche.

El documento con la declaración final entregada al término de esta visita expresa que  “el Relator Especial evalúa la situación en Araucanía y la zona aledaña como volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura, salvo que se tome acción urgente para abordar, no solamente las manifestaciones de la violencia, sino sus causas de raíz”. “En la opinión del Relator Especial, el riesgo de escalada es muy real y resulta imperativo que el Estado de Chile tome acción urgente para abordar la situación antes de que vire fuera de control”.

La Moneda se apresuró a desestimar los planteamientos del experto acusándolo de estar desinformado, en una actitud que insiste en ignorar la dimensión social y política de un conflicto que el propio Estado creó y del cual el pueblo mapuche fue y sigue siendo víctima.

Precisamente esa actitud de quienes tienen actualmente a su cargo los destinos del país confirma la certera observación de Emmerson al abandonar el país: “Tal como se encuentran las cosas hoy, a la fecha de la visita del Relator Especial, el Estado de Chile se encuentra en abandono de su deber de promover una solución pacífica y justa al tema mapuche”.

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