Punto final al caso Mendoza Collío

Comunicaciones ANIDE

El reciente cierre de la causa judicial por el asesinato de Jaime Mendoza Collío ratifica la percepción mapuche sobre el doble estándar de la justicia chilena.  El joven comunero fue ultimado de un balazo en el interior de un fundo de la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. El funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile que le dio muerte ha sido condenado a tres años de cárcel con remisión de la pena. Esto es,  se le culpa del asesinato pero no deberá cumplir cárcel.

Jaime Mendoza,  de 24 años de edad,  era parte de un grupo de comuneros que en agosto de 2009 intentaba ocupar el  fundo San Esteban, del sector de Pidima. El 12 de agosto, en una medida ordenada por la fiscalía de Angol, Carabineros se hizo presente para desalojarlos y fue  en esas circunstancias que el joven mapuche recibió un disparo que le costó la vida.

Durante la investigación se estableció que Jaime Mendoza Collío se encontraba desarmado y que había recibido por la espalda un disparo mortal ejecutado por el cabo Patricio Muñoz Jara, tirador escogido de Carabineros.

La institución intentó justificar el hecho afirmando que el policía había sido atacado a balazos, y expuso como prueba un casco, un visor  y un chaleco antibalas con impactos de balines. Pero el peritaje realizado por la PDI estableció que los impactos se encontraban en el interior del chaleco antibalas y en la parte que cubre la espalda, deduciéndose que los perdigones, sino habían atravesado el cuerpo del policía, habían sido hechos con posterioridad, cuando el carabinero ya no tenía puesta esa prenda. El general Iván Bezmalinovic, entonces coronel a cargo de las operaciones y hoy la más alta autoridad de Carabineros en La Araucanía, fue quien aportó la prueba denunciada entonces como un “montaje” por la defensa de la familia de Mendoza Collío.

Al cerrar la investigación, el fiscal militar de Malleco, Rodrigo Lama, pidió una condena de 15 años de presidio para Jara Muñoz, pero el juez militar, si bien dictaminó que el funcionario policial era autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, lo condenó sólo a 5 años y un día sin beneficios.

La defensa del carabinero apeló entonces a la Corte Marcial y, de manera unánime, ésta anuló el fallo condenatorio y, contra toda lógica y desechando todos los testimonios y pruebas recogidas durante la investigación del fiscal militar, absolvió al carabinero dictaminando que había actuado en defensa propia.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso entonces un recurso de casación en el fondo, que analizó a Segunda Sala Penal de la Corte Suprema. En  resolución, dictada el pasado 21 de agosto, el máximo tribunal anuló de la sentencia de la Corte Marcial y en reemplazo emitió un dictamen que reproduce en parte la sentencia de la Justicia Militar, confirmando que el policía es autor de violencia innecesaria con resultado de muerte, pero rebaja su condena a tres años de presidio menor en su grado medio, aplicando como atenuante la “alteración del estado emocional” del victimario y concediéndole la remisión de la pena.

El abogado Lorenzo Morales, representante de la familia Mendoza Collìo,  expresa decepción y resignación ante la forma como se cierra la causa, si bien rescata del fallo de la Corte Suprema el hecho de que revoque el dictamen absolutorio de la Corte Marcial y ratifique la culpabilidad del uniformado. “Establece una pena leve, pero rectifica el fallo de la Corte Marcial, que merece incluirse en la historia de los peores fallos de la justicia castrense”, sostiene.

Además, rechaza las atenuantes que permiten al carabinero librarse de la prisión. “No cabe  la irreprochable conducta anterior, pues la misma Corte Marcial reconoció que el uniformado tenía anotaciones en su hoja de vida, ni la atenuante que habla sobre actuar por impulsos poderosos que provoquen arrebato u obcecación, porque quedó establecido en la investigación que Jara Muñoz  persiguió a su víctima por dos kilómetros, le dio alcance y le disparó desde una distancia de unos 30 metros”.

Lorenzo Morales interpreta el fallo como resultado de la visión sesgada que los medios oficiales han instalado en la sociedad chilena respecto de lo que ocurre en territorio mapuche. “La violencia que existe es una violencia institucionalizada y no la han creado las comunidades, que son víctimas”, afirma.

El caso Mendoza Collío se suma a la trágica lista de jóvenes mapuche que han asumido las reivindicaciones territoriales de sus comunidades y se han encontrado con la muerte como respuesta del Estado y con  la impunidad de sus victimarios a la hora de pedir justicia.

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