Ley Antiterrorista contra un menor de edad mapuche

Comunicaciones ANIDE

Este lunes 11 de noviembre se dio comienzo al juicio contra un joven mapuche de la comunidad Mateo Ñirripil quien se encuentra imputado por diversos delitos en el llamado “caso fundo Brasil”. J.A.Ñ.P., quien era menor de edad al momento de ocurridos los hechos, figura entre las siete personas acusadas en esta causa. En la causa se investigan hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2009 en el Fundo Brasil, comuna de Vilcún, adjudicándose a J.A.Ñ.P. la participación en dos delitos de incendio común,  un delito de incendio de cosa mueble y un delito de robo con intimidación.

Durante la preparación de juicio oral, el Juzgado de Garantía de Temuco dictó dos autos de apertura distintos, uno aplicable a los adultos y otro al menor. Sin embargo, el Juez de Garantía Federico Gutiérrez, en abierta violación de la norma jurídica aplicable, aceptó validar pruebas obtenidas en virtud de la Ley N° 18.314 sobre Conductas Terroristas. Precisamente en la apertura del juicio, el Ministerio Público dio a conocer un video de una hora de duración con una reconstitución de escena elaborado en base a la delación compensada de un testigo protegido que se acogió al artículo 4° de la citada normativa.

La defensa del joven se encuentra a cargo de la abogada Karina Riquelme, quien rechaza la aceptación de pruebas correspondientes a testigos protegidos, que es una herramienta de la Ley Antiterrorista. Afirma que “el Gobierno, a través de la Intendencia que actúa como querellante; el Ministerio Publico, que ofrece las pruebas como parte de su acusación, y el Juzgado de Garantía, que las validó, están violando normas expresas en relación a los menores de edad y a la Ley Antiterrorista”. Todo esto, agrega, constituye “una violación a los derechos del adolescente, a quien desde un principio de la investigación se le debieron respetar sus derechos, en virtud de su edad como tal y por la obligación en tal sentido que al Estado de Chile corresponde desde que ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990”.

Karina Riquelme, quien forma parte del equipo de defensa CIDSUR, recordó además que dentro de las reformas a la Ley Antiterrorista dictadas durante 2010 y 2011 quedó explicita la no aplicación de esta norma en contra de menores de edad. Por estas razones, “un juicio como éste se encuentra viciado desde su preparación y confiamos en que no se producirá un perjuicio al percatarse el Tribunal Oral de la ilicitud de la prueba”.

UNICEF

El abogado Nicolás Espejo, Encargado de Protección Legal de UNICEF y quien tuvo activa participación en las gestiones para reformar la Ley Antiterrorista, aporta también su opinión en este tema:

 – Vemos con preocupación que pueda estar ocurriendo una aplicación subrepticia, oblicua e indirecta de la legislación antiterrorista a menores. En UNICEF durante 2010 promovimos muy intensamente con el  Gobierno  y Congreso  un análisis de la Ley Antiterrorista de modo de excluir inequívocamente de ella a los menores de edad y vimos con beneplácito la dictación de dos reformas que no dejan dudas en esta materia.

Enfatiza en que  no se pueden aplicar a personas menores de edad instancias del  tipo que contempla la legislación antiterrorista, como la presentación de testigos protegidos. Y, sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.467, que modificó la Ley N° 18.314, no se ha observado un cambio sustancial en materia de justicia juvenil y Ley Antiterrorista y, aunque aún no se han dictado condenas contra menores de edad que apliquen esta norma, sí se han ocupado sus reglas, lo que ha permitido formalizar a adolescentes por delitos calificados de terroristas, contraviniendo de manera expresa la voluntad del legislador y el texto del artículo 3° de la ley N° 20.467. “De esta forma, resalta, no se ha cumplido el propósito tenido a la vista al modificar la Ley Antiterrorista para excluir de su ámbito de aplicación a los menores”.

Nicolás Espejo adjudica esta situación a un  evidente déficit de especialización en el sistema penal, en términos de justicia juvenil  y de perspectiva cultural, sobre todo indígena, déficit que es particularmente  agudo respecto de fiscales y jueces.  La limitación tiene  relación, agrega, con las debilidades que presenta desde su origen la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Dictada en 2005 y en vigencia a partir de 2007, “su operación correcta supone la necesidad de un correlato material que no existe en forma ad hoc. Esto sigue pendiente”.

Finalmente, pensando en positivo, el especialista plantea  que “el juicio oral de este menor mapuche puede ser una oportunidad para que la situación quede zanjada definitivamente”.

INDH

También el Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó su posición sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, en particular en el caso de imputado J.A.Ñ.P.:

“Como organismo oficial de derechos humanos en Chile, el INDH ha señalado en todas las instancias que le competen, así como al Estado y la opinión pública a través de sucesivos Informes Anuales de Derechos Humanos, que la llamada “Ley Antiterrorista” no resuelve adecuadamente la determinación y sanción de las conductas terroristas. Es deber del Estado actuar con la mayor celeridad y eficacia en establecer las responsabilidades y sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico en materia de orden público, ya que éste contempla penas que pueden ser altas, si corresponde. Hemos planteado reiteradamente que la aplicación de dicha ley puede significar vulneración de los derechos al debido proceso y el acceso a un juicio justo, recomendando, además, restituir a los/as jueces/as de garantía el control de hechos como eventuales conductas terroristas, y la clara recomendación a que los órganos del Estado se abstengan de aplicar o invocar una norma atentatoria contra los derechos humanos.

A ello se suma que en su reciente visita al país, el propio Relator de Naciones Unidas sobre Terrorismo señaló que en Chile no existe actividad terrorista, y manifestó su preocupación por la ejecución de la ley. Para el caso en cuestión, que hace referencia explícita a la niñez indígena como sujetos plenos de derecho y a ejercer como individuos o colectivo sus derechos a una cultura, una religión y una lengua indígenas, asimismo, se ha señalado que sobre la infancia indígena, se reconoce que niños, niñas y adolescentes indígenas se encuentra en una especial situación de vulneración de sus derechos. Desde ese punto de vista, y sumado a la minoría de edad de J.A.Ñ.P., la Ley Antiterrorista no resulta adecuada y se repite el criterio de especial atención a los proceso judiciales que tienen que ver con niños/as  y adolescentes, sobre todo integrantes del pueblo Mapuche”.

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