OTRA SENTENCIA EN TELA DE JUICIO

Comunicaciones ANIDE

Tras permanecer en reclusión preventiva por más de quince meses, dos jóvenes y un adolescente mapuche han sido finalmente enjuiciados y condenados en la causa por el asalto y muerte del parcelero Héctor Gallardo Aillapán. El pasado 12 de diciembre, con fuerte presencia policial en las calles de Angol, el Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad dictó sentencia de culpabilidad y condenó a 10 años y un día de cárcel a Luis Marileo Cariqueo; a 10 años a Leonardo Quijón Pereira, y a 5 años de pena mixta -dos años con régimen cerrado y tres con régimen semicerrado- a G.V.M., de 17 años de edad al momento de su detención.

1A pesar de lo que establece el dictamen, los condenados siguen defendiendo su condición de inocencia, y la denuncia de que han sido víctimas de hostigamiento y de un montaje avalado por el Estado para criminalizar la lucha de resistencia del pueblo mapuche.

Frente a la sentencia, las defensas de Quijón y Marileo interpusieron sendos recursos de nulidad ante la Corte Suprema, no existiendo aún fecha para su resolución. Por su parte, la familia de G.V.M., atendida la precaria condición de salud del niño tras quince meses en un centro cerrado del Sename en Chol Chol, se inclinó por la estrategia de resignarse al fallo para impulsar un arreglo que le permita cumplir la sentencia en libertad.

Debe recordarse que la reclusión preventiva aplicada a los procesados excedió con creces los plazos máximos legales, sobre todo en el caso de G.V.M. en su condición de menor de edad. Esta vulneración de derechos se agrava cuando la persona afectada es integrante de una comunidad indígena, en virtud de lo que plantea el Convenio 169 sobre la necesidad de dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Por otra parte, en el desarrollo del juicio el tribunal volvió a aceptar la presentación de testigos protegidos, mecanismo sólo incluido en la Ley Antiterrorista. La denuncia de una aplicación subrepticia e indirecta de esta legislación ya fue formulada por UNICEF durante el juicio a otro menor de edad en el llamado “caso Fundo Brasil”. Nicolás Espejo, encargado de Protección Legal de ese organismo, enfatizó que “no se pueden aplicar a personas menores de edad instancias del  tipo que contempla la legislación antiterrorista, como la presentación de testigos protegidos”.

La recurrencia de esta forma discriminatoria de aplicar justicia fue también descrita y criticada por el abogado Roberto Garretón en su exposición durante el coloquio que resume el presente boletín.

Lo señalaban además en días pasados los condenados Quijón y Marileo en un comunicado difundido desde la cárcel de Angol: “Denunciamos la falta de seriedad y veracidad con la que se han presentado pruebas y testimonios de testigos secretos, los que han sido el único medio para conseguir nuestra injusta condena. En esta sentencia una vez más se ha dejado ver lo manoseada y racista que es la justicia chilena, sobre todo para condenar a jóvenes mapuche”.

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