SISTEMATICA VIOLACION DE DERECHOS

Comunicaciones ANIDE

27_7_2012_7_8_39Para el abogado Roberto Garretón, la existencia de una verdadera cultura de los derechos humanos hoy impide a los estados incurrir en excesos y abusos de común ocurrencia en un pasado no muy lejano. Sin embargo, los antecedentes expuestos en el informe sobre la población mapuche de la comuna de Ercilla lo obligan a cuestionar lo que en este ámbito está ocurriendo hoy en Chile.

-Ciertamente, hoy no estamos en un proceso de “pacificación de la Araucanía”, pero eso no basta. Hoy se está aplicando al pueblo mapuche, en forma discriminatoria, la Ley Antiterrorista, una ley perversa, hecha en dictadura, mejorada en algunas partes por la post-dictadura y utilizada en forma discriminatoria-, sostuvo en su exposición durante el coloquio realizado en la Universidad de Chile.

Precisó su comentario recordando que las reformas dictadas por el gobierno en 2010 y 2011 establecieron que los niños y niñas quedaban exentos de ser juzgados y condenados por Ley Antiterrorista. “Esa es una media verdad, que es lo mismo que una media mentira”, agregó, “porque hoy, si bien no se les está acusando de un delito terrorista, en el proceso por algún delito que pudieron haber cometido se están utilizando mecanismos que sólo existen en esa norma, como es el mecanismo del testigo protegido”.

Garretón, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió también a la figura delictual de homicidio frustrado contra carabineros, utilizada por las fiscalías y aceptada por los jueces en numerosos casos de comuneros mapuche procesados.  “La imputación de tal delito es una interpretación del hecho que se utiliza para demonizar política y públicamente al dirigente mapuche y para crear el sentimiento de terrorismo.  Son muchas las condenas dictadas por este delito y todas han sido revocadas por la Corte Suprema que declara inverosímiles las acusaciones”, señaló.

TERRITORIOS EN DISPUTA

yañez garretonNancy Yáñez, abogada experta en derechos indígenas, analizó también el estudio referido a la población mapuche de Ercilla. “Existe el diagnóstico compartido de que en Chile se violan  de manera sistemática los derechos del pueblo mapuche”, sostuvo, cuestionando así la existencia de un verdadero respeto del estado de derecho.  Añadió que el primer gran valor de este trabajo es evidenciar dicha situación y que lo confirme un organismo como la ONU –al que pertenece la CEPAL-, que tiene a su cargo velar porque estas situaciones de abusos no se perpetúen.

En el estudio “se constata que el Estado y el derecho han sido una clave en la estrategia de subordinación de los pueblos indígenas, para disolver las particularidades culturales de los pueblos, y para asegurar la hegemonía política y los derechos del Estado y de otros sobre los territorios en disputa”, añadió.

Respecto al fondo de este debate, sostuvo que, para Naciones Unidas y el sistema interamericano, el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios se basa en el uso inmemorial que han hecho de ellos y que las bases legales que sostienen esa propiedad se encuentran en el derecho propio de los pueblos originarios. Con ello, agrega, se revierte el principio de la terra nulius que estados como el de Chile utilizan para disponer de las tierras indígenas.

“En el evento de que el Estado hubiera constituido derechos a favor de terceros, el mecanismo jurídico no puede ser otro que la expropiación”, enfatizó, “porque cualquier otro mecanismo genera situaciones como la que hoy tenemos en Chile con el Fondo de Tierras de la CONADI, que sólo ha creado una espiral especulativa con tierras que en el fondo no tienen ningún valor puesto que han estado y se mantienen en conflicto”.

Agregó que las alternativas institucionales para resolver las demandas de tierras por parte de los indígenas no han resultado y que “en definitiva, la historia da cuenta de que la ocupación de hecho es la única forma que ha dejado el Estado para que el pueblo mapuche llame la atención sobre sus reivindicaciones territoriales”.

Pero la situación se agrava porque los mecanismos institucionales hoy no permiten satisfacer las demandas históricas. Y luego pone en riesgo la soberanía de los derechos del pueblo mapuche sobre aquellos territorios que logró mantener bajo su jurisdicción a pesar de estos dramáticos procesos de expoliación. Esto fundamentalmente porque así como se ponen instrumentos de mercado para la restitución de tierras, también hoy están operando instrumentos de mercado para la constitución de propiedad privada sobre recursos naturales, que hasta hace algunas décadas estaban en control de las comunidades indígenas. Y ese es el caso paradigmático del agua. En el sistema chileno, modelo neoliberal, el resultado en definitiva es la concentración de propiedad, y también respecto del agua, quedando un mínimo para el pueblo mapuche. La situación viene a empeorar a menos que haya un cambio estructural de fondo. Los problemas que enfrentan las comunidades son resultado de un modelo que, de no cambiar, hace prácticamente imposible revertir  el empobrecimiento del pueblo mapuche. La precarización y vulnerabilidad de su población no tiene que ver con un condicionante estructural u originario del pueblo mapuche, sino que es el resultado del proceso de radicación de donde emana la estructura minifundiaria que ha hecho cada vez más difícil su estrategia de su subsistencia, especialmente amenazada en esta coyuntura por la falta de suministro de un elemento esencial como es el agua.

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