En Chile el Estado vulnera los derechos de la niñez

Comunicaciones ANIDE

La realidad de un Estado que vulnera los derechos de los niños y niñas en lugar de garantizarlos es analizado por Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas, ACHNU. Apunta directamente a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, al Servicio Nacional de Menores y a los tribunales de justicia entre las instancias del Estado que son responsables de esta situación.

-¿Se protegen en Chile los derechos de una persona menor de edad cuando es detenida? 

-La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente claramente no cumple con los estándares internacionales. Se supone que en el caso de  un joven en conflicto con la ley –no delincuentes ni infractores como se les suele llamar-, el Estado debe generar las condiciones para que supere esa situación, pueda desarrollarse como ciudadano y lograr una efectiva reinserción social luego del cumplimiento de la sanción. Sin embargo, en Chile esto no ocurre. En los lugares de detención los jóvenes privados de libertad viven situaciones de vulneración constante. El joven debiese estar en situación de estudiar, de tener un oficio, de poder desarrollar sus potencialidades; debería recibir apoyo sicológico y permanecer en un ambiente protegido y distendido, pero nada de esto sucede; lo que sucede es que está hacinado, con protección mínima de los pares y los guardias y claramente no se cumplen sus derechos.

-¿La situación es motivada por todo el sistema o simplemente por una ley que no establece las medidas para que se respeten los derechos de las personas menores de edad ?

-Lo que pasa es que el sistema no es capaz ni siquiera de poner en práctica una ley que tiene limitaciones, que castiga al joven muchas veces de manera más severa que a un adulto por los mismos delitos, que no establece ni asegura la defensa necesaria a que tienen derecho todos los jóvenes. El Estado no se ha preocupado de que tenga la defensa necesaria. Por eso estamos pidiendo un cambio de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

-¿A qué se debe la vigencia de una legislación que no respeta los derechos de los adolescentes cuando se les priva de libertad?

– Que se pueda meter preso a un niño de 14 años es ya en sí mismo una vulneración y eso lo posibilitó esta ley. Pero esa pelea la perdimos porque nos encontramos en una situación de paradigmas totalmente distintos y confrontados, entre un Estado garantista de derechos y otro que se preocupa de la seguridad. Y es éste último el que se impuso cuando se aprobó la ley.

-¿Cree posible cambiar ese paradigma?

-La promesa de la Presidente electa Michelle Bachelet es cambiar el paradigma de un Estado subsidiario a un Estado de derechos y esperamos que cumpla.

-¿Los niños y jóvenes mapuche también están afectos a a este trato? Hace una semana ha sido condenado un joven mapuche (G.V.M.) que pasó más de un año en internación preventiva y que ha denunciado ser víctima de diversas formas de hostigamiento en el centro del Sename de Chol Chol.

– Estamos en una situación en que no se reconoce los derechos del niño ni tampoco los derechos de los niños indígenas; pero en lo que respecta a los niños mapuche el Estado está enfrentado a una situación aún más compleja. Hay ahí una situación de derechos culturales que no se respetan y una situación de no reconocimiento de una colectividad en sí misma que requiere de un reconocimiento explícito de su identidad cultural.

-¿Los niños y niñas indígenas por el hecho de ser miembros de un pueblo originario tienen otros derechos?

-La Convención de Derechos del Niño es universal y establece principios que los Estados deben respetar y promover en beneficio de los niños y niñas. Pero en el caso de Chile, a la situación de no respeto de esos derechos se suma el no respeto a las medidas de especial protección que los Estados deben dar a sus pueblos originarios. Y por otro lado, estamos también en un escenario en que no se cumplen los derechos de los niños cuyas comunidades se encuentran en situación de conflicto, que es lo que, según las autoridades, se vive en la Araucanía. En definitiva, ante la situación de cualquier niño indígena encarcelado hay tres tratados que no se cumplen: la Convención de Derechos del Niño, los tratados sobre niños en conflicto con la justicia y los instrumentos internacionales sobre el trato a los pueblos indígenas.

 -¿Los tribunales de justicia han asumido en sus fallos el Convenio de los Derechos del Niño?

-La Convención es Ley superior de la República, según el artículo 5° de la Constitución. Pero en la práctica los jueces no saben o no quieren aplicarla; dicen que Chile no tiene ley concreta que operacionalice la Convención. Eso es cierto. Por eso Chile en las dos oportunidades en que has enfrentado el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido llamado a que readecúe sus leyes y no lo ha hecho. Hay entonces un  conflicto entre el interés superior del niño establecido por la ley y la práctica concreta de los jueces.

-¿Qué lógica tiene esta realidad de desconocimiento de los derechos de la niñez por parte de quienes están encargados de su aplicación?

-Por parte de los gobiernos y los legisladores no ha habido interés por avanzar en medidas de protección. Lo que ocurre es que hay un  tema de desvalorización absoluta de la niñez y la adolescencia. La creación de una defensoría de la niñez, por ejemplo, sería clave para esta defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes; pero Chile no lo tiene porque no es funcional al paradigma de la seguridad ciudadana. Por otro lado, estamos hablando de niños pobres y la criminalización de la pobreza es un lugar común, promovido incluso por los medios de comunicaciones. Y en el caso mapuche, hay una doble discriminación, se les discrimina por ser mapuches y por ser pobres.

-¿En este escenario tan complejo y difícil, existe capacidad de defensa adecuada para los adolescentes?

-No, no tenemos suficientes abogados expertos en derechos del niño y niña, para que el adolescente que necesita defensa tenga su abogado propio y no ha habido voluntad de ningún gobierno para que esto cambie. Y esto ocurre porque no se enseña derechos humanos en ninguna escuela de Derecho; quienes tienen esa calificación la han logrado por iniciativa personal. Por lo demás, no hay incentivo económico para promover esta práctica ni una formación de base en derechos humanos. Todo esto demuestra que el Estado no es garante de derechos y por lo tanto no reconoce los derechos humanos.


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