PROFUNDO CUESTIONAMIENTO A LA LEY ANTITERRORISTA

 

Comunicaciones ANIDE

En Berlín, Alemania, y mientras participaba en tareas académicas, el abogado, doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Salvador Millaleo Hernández, conoció la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso de los mapuche que en Chile habían sido condenados por Ley Antiterrorista. En su primer análisis destaca del fallo el profundo cuestionamiento que la Corte Interamericana formula a esta ley de excepción.

salvador millaleo– Como abogado y estudioso del trato que recibe de la justicia chilena la causa mapuche, ¿qué opinión le merece el fallo de la CIDH?

– El fallo es un precedente muy importante no sólo para Chile, sino también para toda la región y el mundo, donde se está muy pendiente de cómo equilibrar el uso de leyes penales de excepción, como las leyes antiterroristas, con los derechos humanos. El cuestionamiento a dicha ley por la CIDH por la vulneración del principio de legalidad en la Ley Antiterrorista indica cuan vaga ha sido la definición de terrorismo en Chile. Por más que Chile haya corregido el defecto reprochado por la Corte en la última reforma de la Ley 18.314, la Corte invitó a Chile a replantear  los otros elementos de la definición, haciendo valer los reproches que informes de Derechos Humanos como aquel del relator Ben Emmerson formularon a la subjetividad y amplitud imprecisa de la definición del delito de terrorismo, así como que las conductas terroristas en Chile que se definen en el tipo penal en Chile no son los suficientemente graves como para cambiar el marco penal del derecho común al de la Ley Antiterrorista. En segundo lugar, la Corte cuestiona, y por sobre todas las cosas, la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista, en cuanto las cortes chilenas basaron sus razonamientos en prejuicios raciales, especialmente para dar por acreditado el temor en la población, que es uno de los elementos constitutivos del delito terrorista en la ley chilena. En tercer lugar, los tribunales chilenos han violado el derecho al debido proceso, al no permitir el contraexamen de los testigos protegidos o testigos sin rostro, y se le ha dado a sus declaraciones una influencia excesiva y casi ilimitada al figurar como la única prueba de la participación de los acusados en hechos delictivos para condenarles por ellos. En estos sentidos el fallo es fundamental porque marca límites de derechos humanos para la intervención penal del Estado, le sugiere reformular la Ley Antiterrorista, le exige reformular sus marcos legales para limitar el uso de testigos protegidos y reconoce el racismo de los tribunales chilenos.

-¿Es aplicable la Ley Antiterrorista a los actos de reivindicación territorial mapuche cuando se trata de acciones como incendios, ocupaciones o enfrentamientos?

– En estos momentos la ley chilena hace al delito de incendio constitutivo de delito terrorista cuando causa un temor generalizado en población, aunque no haya víctimas fatales o daños en las personas. Esta situación es cuestionable en el derecho penal comparado, donde los actos constitutivos de delitos terroristas deben ser suficientemente graves para justificar el uso de tipos penales agravados, debiendo ser principalmente actos que afecten o pongan en peligro la vida e integridad de las personas. La ocupación o enfrentamiento con la policía no son punibles ahora bajo la Ley Antiterrorista.

 -¿Ha sido respetuoso de los fallos de tribunales internacionales el Estado chileno?

– Chile tiene una historia complicada al respecto. En primer lugar, no existe un procedimiento para revisar sentencias ejecutoriadas cuando la  CIDH ordena su revisión o anulación. Por otra parte, hay que reconocer que Chile ha cumplido con las indemnizaciones y reparaciones que ha ordenado la Corte en otros casos y,  especialmente, con las medidas modificatorias de leyes o de políticas públicas que la Corte ha mandado en los fallos que condenan a Chile. Esperemos que se encuentre rápido una solución para cumplir con la anulación de decisiones judiciales que la CIDDHH ordena. Creo que la mejor solución para este caso, como cualquier caso futuro en que Chile sea condenado por la Corte, es que se haga una ley que haga auto-ejecutables los fallos de la CIDH.

– ¿Qué trascendencia o qué efecto puede tener este fallo de la CIDH respecto de otros procesos ya realizados o en curso en Chile donde son juzgados miembros del pueblo mapuche?

-El fallo de la CIDH va a constituir un argumento forzoso para todos los tribunales donde se están ventilando juicios contra mapuches usando la Ley Antiterrorista u otras leyes penales, ya sea que se empleen testigos protegidos o no. El fallo contiene un contundente llamado a no usar discriminatoriamente las leyes penales, de manera que los tribunales deben precaverse de usar o de permitir estereotipos o prejuicios raciales que guíen sus dictámenes en las situaciones de protesta social, así como de garantizar el debido proceso a los acusados. Con respecto a los casos ya sentenciados donde ya no hay recursos pendientes, lamentablemente el fallo de la CIDH no tiene mayores efectos. Tanto en el fallo de los lonko como en otros fallos se puede intentar el camino del recurso de revisión de las sentencias penales, alegando que el juicio de la CIDH sería un hecho posterior o desconocido por las cortes chilenas, pero si se interpreta estrictamente el artículo 473 del Código de Procedimiento Penal, no sería éste un medio idóneo.

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