UN PRECEDENTE PARA CHILE Y LA REGION

Comunicaciones ANIDE

En fallo dictado el pasado 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  determinó la inocencia y la calidad de víctimas de ocho personas a quienes la justicia chilena condenó  a largas penas de prisión por delitos terroristas.  Uno de ellos es  Víctor Ancalaf Llaupe, werken de la comunidad Choin Lafkenche, del sector San Jorge, en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.

Juzgado en diversas causas abiertas por la justicia en el marco del conflicto territorial mapuche, a Ancalaf se le acusó de ataques y destrucción de maquinarias de la transnacional Endesa durante  la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la zona del  Alto Bío Bío. El juicio concluyó en el año 2004 con una condena de cinco años y un día de presidio.

Ancalaf fue el primer mapuche condenado por la Ley Antiterrorista. Su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de mayo de 2005, en una denuncia contra del Estado de Chile por violación de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La abogada colombiana Juliana Bravo Valencia, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, que participó en los alegatos realizados en Costa Rica, sede de la CIDH, destaca que “ésta es la séptima sentencia de esta Corte contra el Estado de Chile y es la primera en que se falla en relación con la causa mapuche”.  Añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su dictamen que la calificación de “terrorista” aplicada por Chile a los líderes indígenas violó la presunción de inocencia y la obligación del Estado de definir las conductas delictivas con precisión y claridad.

– “Estas denuncias  se presentaron ante la Comisión entre el año 2003 y el año 2005 de manera separada y por diferentes representantes”, explica. “El caso de Víctor Ancalaf se presentó el 20 de mayo del 2005. El proceso ante la Comisión dura entre 4 a 5 años. Fue así entonces que la Comisión publicó su informe de fondo en el año 2010, y ahí es cuando le dice al Estado chileno, “mire, usted es responsable por haber violado este derecho a estas personas” y le hace una serie de recomendaciones. En ese momento el Estado chileno no cumplió esas recomendaciones en las fechas establecidas; pide prórrogas y tampoco las cumple. Ahí la Comisión decide y evalúa qué hacer con el caso: como el Estado chileno no dio una resolución a lo que estaba diciendo la Comisión, entonces decidió presentar el caso a la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, uniendo esta causa a otras causas que se le habían presentado porque tenían una identidad de hechos y personas, porque eran lideres mapuche que eran acusados de ser terroristas. La sentencia es el resultado de ese caso”.

– ¿Qué tarea le correspondió a CEJIL y cómo se desarrolló el proceso?

–  Al igual que los otros representantes, para el  desarrollo del proceso CEJIL hizo un escrito con sus argumentaciones señalando las irregularidades y violaciones de derechos y principios en que la justicia incurrió al procesar a Víctor Ancalaf. El Estado hizo lo propio, La audiencia pública se realizó en mayo de 2013 en la sede de la Corte en Costa Rica. Ahí se escucharon los testimonios, las conclusiones de los peritos y las declaraciones de los testigos. CEJIL expuso sus argumentos, el  Estado y la Comisión también. Así se demostró,  y la Corte lo constató, que en las decisiones que dictaron los jueces chilenos hubo una serie de contenidos, de estereotipos, un preconcepto por la condición  de mapuche. Y  eso, la Corte lo dice, viola el derecho de igualdad y el principio de no discriminación. Lo que también establece la Corte en la sentencia es que los Estados tienen la obligación de describir  los tipos penales de manera clara y precisa. Y particularmente cuando los Estados establezcan que hay delitos terroristas, es deber del Estado definir la legalidad diferenciando de un delito común.

– ¿Es un problema de limitaciones de la ley, o de predisposición contraria a los mapuche por parte de  los magistrados?

– Lo central es que la ley chilena es muy ambigua y de lo que se trata es que se debe evitar que los jueces hagan una interpretación.

– ¿Cuál es la  evaluación de la Ley Antiterrorista que hace la Corte?

– La Corte dice que la Ley Antiterrorista aplicada en estos casos, la ley vigente al momento de los hechos, está fuera de los marcos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por eso estableció que violaba garantías esenciales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en juicio. La Corte no se refirió particularmente a la ley actual. Sin embargo, sí estableció parámetros importantes que los Estados deben cumplir. También dijo en su fallo que es importante  que el Estado considere la opinión de expertos internacionales que se han  referido al tema, mencionando en especial al relator Ben Emmerson.

– El fallo se refiere también a las reparaciones y fija una indemnización. ¿Cómo se establece ese aspecto del dictamen?}

– En el caso de Víctor Ancalaf se estableció que cumplió una condena  de presidio y la Corte ordenó pagar indemnizaciones por perjuicios materiales e inmateriales. Y lo hace tomando en cuenta el  daño  causado, sicológico, moral, material y en base a la prueba que se aportó.

– Más allá de favorecer a quienes habían sido condenados por terrorismo en Chile, ¿qué trascendencia cree usted que tiene esta sentencia de la CIDH?

– El Estado de Chile no fue condenado en algunos derechos que nosotros consideramos que habían sido infri9ngidos,  pero la Corte hace un precedente importante. Este caso marca un precedente para Chile y para la región, porque es la primera sentencia en  que condena  a Chile en una causa relacionada con la causa mapuche En segundo lugar, pone en evidencia los hechos y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Además pone en evidencia que la Ley Antiterrorista  fue una respuesta inadecuada ante la movilización y el reclamo del pueblo mapuche. Y es muy importante también porque hace un desarrollo de su jurisprudencia sobre como el uso de testigos reservados vulnera garantías en los procesos penales y ahí ordena a Chile que ordene y regule estas medidas de prueba excepcional.

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