UNA SENTENCIA QUE HARÁ HISTORIA

Editorial

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado desde su ámbito sobre la causa mapuche al condenar al Estado de Chile en el caso caratulado como “Norín Catrimán y otros”, referido a siete dirigente y comuneros y una activista condenados por los tribunales chilenos a largas penas de prisión como autores de delitos contemplados en la Ley N° 18.314 que “Determina Conductas Terroristas y fija su Penalidad”.

trawunLos procesos se relacionan con hechos derivados de las demandas territoriales de este pueblo originario ocurridos en los años 2001 y 2002.

Buscando una justicia que les había sido negada en Chile, los ocho condenados llevaron sus demandas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primera instancia que evalúa si un Estado signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es responsable de abusos contra las personas. Esta examinó los antecedentes, hizo recomendaciones al Estado chileno y al constatar su incumplimiento resolvió elevar el caso a la Corte Interamericana.

En la CIDH el proceso concluyó el pasado 30 de junio con el fallo que responsabiliza al Estado de Chile de transgredir una larga serie de principios y derechos que forman parte de ese cuerpo de principios que el mismo Estado de Chile ratificara en 1990. Entre ellos, el principio de la legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, los principios de la igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas, el derecho a la libertad personal y a la libertad de expresión y de pensamiento.

Resulta especialmente destacable que el fallo establece que el Estado de Chile violó además el derecho de la defensa a interrogar testigos,  un mecanismo clave en los juicios realizados contra los presos políticos mapuche pues impide contrastar los dichos de los testigos encubiertos con los hechos investigados. Más decisivo resulta aún dicho impedimento si se considera que en la mayor parte de esos procesos  – incluso cuando los imputados son menores de edad-, las declaraciones de dichos testigos constituyen la prueba en que se fundan las sentencias condenatorias. En este  sentido el fallo advierte que, incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso, la condena no puede estar fundada únicamente, o en grado decisivo, en declaraciones de testigos de identidad reservada.

El fallo plantea también que en la tipificación de delitos de carácter terrorista, el principio de legalidad impone una necesaria distinción entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios, “de forma que tanto cada persona como el juez penal cuenten con suficientes elementos jurídicos para prever si una conducta es sancionable bajo uno u otro tipo penal”.

En este sentido el dictamen viene a ratificar el planteamiento desarrollado en una investigación de Fundación ANIDE, apoyada por la Unión Europea, en cuanto a que la figura o carácter terrorista de una acción debe ser determinada o tipificada teniendo en cuenta múltiples factores que en el caso chileno son confusos. Asimismo, la Corte aconseja utilizar los procedimientos comunes y no recurrir a la Ley Antiterrorista, confirmando el planteamiento muchas veces expresado por el programa Pichikeche y por diversas organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que no corresponde la utilización de la Ley Antiterrorista para abordar la protesta social mapuche.

La CIDH además se manifiesta con respecto del derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia destacando las irregularidades en que incurrió la justicia chilena al aplicar la medida de  prisión preventiva, en una distorsión del derecho que es común a los procesos relacionados con la demanda territorial mapuche. Advierte además que no se tuvo en cuenta la condición indígena de las víctimas ni la particular posición de autoridades tradicionales de los lonko Aniceto Norín y Pascual Pichún y del werken Víctor Ancalaf, destacando que la aplicación de una normativa interna debe considerar las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. Asimismo, sostiene que la prolongación de una prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los miembros de pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, y que en el caso de dirigentes de una comunidad puede también tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades en que el recluso ejerce liderazgo.

Lo anterior es aplicable a lo denunciado reiteradamente en este informe en relación a la aplicación de prolongadas medidas de prisión preventiva que afectan al imputado mapuche en causas que suelen terminar en absolución por inexistencia o insuficiencia de pruebas. Lo que queda comprobado en casos recientes como el de Daniel Melinao, werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, recluido durante diez meses en la cárcel de Angol y absuelto en los dos juicios a que se le sometió por la muerte del carabinero Hugo Albornoz.

La Corte además dictaminó que el Estado conculcó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión al condenar a Norín, Pichún y Ancalaf a penas accesorias que les impiden desempeñar “funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones”, una medida especialmente invalidante  para el ejercicio de sus responsabilidades como autoridades y líderes de sus comunidades.

Las referidas penas accesorias también afectaron a los condenados en el ejercicio de sus derechos políticos, señala la CIDH, destacando además sus efectos en las comunidades de las cuales los condenados hacen parte, “puesto que, por la naturaleza de sus funciones y su posición social, no sólo su derecho individual resultó afectado sino, también, el de los miembros del pueblo indígena mapuche a quienes representaban”.

Otro aspecto violatorio de derechos es el referido a la protección de la familia. Señala la Corte que  al Estado corresponde ser garante de la relación de las personas privadas de libertad con sus familiares. Además recuerda que los Estados deben facilitar el traslado de los reclusos a centros penitenciarios más cercanos a la localidad donde residan, y que en el caso de las personas indígenas privadas de libertad la adopción de esta medida es especialmente importante dado el carácter de  sus vínculos  con su lugar de origen y sus comunidades.

Desde otro ángulo, el aspecto referido tiene especial trascendencia en cuanto al derecho de los niños a mantener la relación con sus padres. Es obvio que se les impide el ejercicio de este derecho cuando se limita o se dificulta al recluso indígena el contacto con su familia.

Además el fallo también crítica que en todos estos procesos se utilizaron razonamientos que “denotan estereotipos y prejuicios”,  dispone que en un plazo de seis meses “el Estado debe dejar sin efectos todas sentencias penales condenatorias” y establece una serie de medidas de reparación.

Los mapuche condenados y ahora reconocidos en sus derechos son Pascual Wentekeo Pichun Payllalao (fallecido en marzo de 2013), Segundo Aniceto Norin Katriman, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Wenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, además de la activista Patricia Troncoso Robles.

Corresponde reconocerles a ellos, y a quienes los acompañaron en esta andadura en pos de justicia, el mérito de afrontar un desafío en apariencia desorbitado y el logro de un fallo que establece la verdad, deja al desnudo la distorsión de la justicia chilena en su trato con el pueblo  mapuche e interpela a la sociedad chilena en general, que asiste con displicencia a este trato a sabiendas del desequilibrio existente entre el indígena y quien maneja el poder y la fuerza. Es, por último, un grave llamado de atención al aparato del Estado y al Gobierno como responsables de dar cumplimiento a las obligaciones que el país asumió al adherir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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