A la espera de que se haga justicia

Comunicaciones ANIDE

En la antesala de un dictamen de los tribunales de Temuco se encuentra el caso de violencia policial contra menores indígenas ocurrido el 26 de octubre del año pasado cuando tres adolescentes de la comunidad Coñomil Epuleo fueron detenidos tras participar con su comunidad en la ocupación de un fundo en Ercilla.

El recurso de amparo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó el 5 de diciembre indica que los adolescentes fueron  perseguidos “a modo de cacería humana”, por carabineros a bordo de vehículos y de un helicóptero, que les disparaban y proferían contra ellos amenazas de muerte, “les gritaban que los quemarían vivos” y “efectivamente encendieron fuego a los matorrales” donde se habían refugiado.adolescentes coñomil epuleo - copia

En el escrito se expone además que una vez reducidos, los jóvenes sufrieron tratos “que han superado los márgenes de racionalidad y proporcionalidad, de modo tal que se constituyen en una serie de actos que vulneran los derechos de los adolescentes detenidos”.

La descripción entregada al tribunal menciona rodillazos en el rostro, golpes de pies y escopetazos en todo el cuerpo e incluso un tiro de escopeta que sufre uno de los adolescentes, “percutado con el cañón del arma apoyado de manera rasante en su cabeza”, que además de un explicable trauma le significó una herida y pérdida momentánea del conocimiento. La misma víctima además “refiere haber sido apartado por los funcionarios y entregado a otras personas que vestían uniformes similares a militares”, quienes  “lo habrían amenazado de muerte y le señalan que lo dejaban vivir sólo para que llevara el mensaje de que caerían los mapuche que la ‘llevaban’”.

La posterior presentación de los detenidos en el Juzgado de Collipulli, adonde fueron llevados engrillados de pies y manos, fue objeto de amplia repulsa, mientras que el INDH y Unicef suscribieron una declaración deplorando lo ocurrido y dejando constancia de los principios y derechos transgredidos por los funcionarios responsables de esta acción.

Padre e hija

También preocupa al INDH la suerte de una querella interpuesta ante el juzgado de Angol por hechos ocurridos en esa ciudad en diciembre de 2013, en los que figuran como víctimas José Curaqueo Saravia, lonko de la comunidad José Guiñón, y su hija, B.C.L., que tenía 12 años al momento del episodio donde ambos fueron detenidos por carabineros sufriendo golpes, tortura y detención en un recinto no oficial.

La acción judicial fue presentada por el INDH en enero de 2014 y desde un principio su tratamiento se vio dificultado  porque el juez en cuanto la recibió la derivó a la justicia militar, a pesar de que era obvio que debió haber haberla acogida porque los querellantes eran civiles. Y aunque a los pocos días revirtió su decisión, las diligencias solicitadas han registrado una tramitación que no se condice con la gravedad de la situación denunciada, habida cuenta de que ambas víctimas son parte de un pueblo originario y de que una de ellas es una niña indígena, que sufrió golpes, insultos racistas y detención en un recinto no oficial, en tanto que su padre fue víctima  de una brutal golpiza

La defensora regional Bárbara Katz fue testigo de la constatación de lesiones realizada en la comisaría de Angol por el médico Cristián Aguilera y sólo en fecha reciente, más de un año después de presentada la acción judicial, se le tomaron declaraciones. Por su parte, el abogado patrocinante de la querella no ha logrado recibir información acerca de las diligencias realizadas, ni de sus resultados, ni del estado en que se encuentra la tramitación de la causa.

En este caso la situación denunciada no parece demasiado compleja. Pero la condición de la fiscalía enfrentada a investigar a miembros de un organismo colaborador de su función, como es Carabineros de Chile, puede resultar difícil de abordar en una ciudad pequeña y donde las víctimas no corresponden a un segmento social influyente para quienes tienen el manejo del poder. Eso podría  explicar por qué en Angol esta querella no ha tenido mayores avances.

El problema deriva además de que la Corte Suprema, en una nueva etapa que vive la justicia en Chile, radicó en los juzgados ordinarios la competencia de los casos en que los querellados visten uniforme pero las víctimas son civiles. En estas circunstancias el Ministerio Público entra en colisión con su colaborador y la efectividad de su labor dependerá de la capacidad del fiscal encargado, del apoyo de sus superiores y muchas veces de su carácter para lograr imponer su autoridad.

Violencia contra werken

En la antesala de un dictamen se encontraría también una querella por la brutal golpiza que sufrió hace más de un año el comunero mapuche Pascual Alberto Curamil  La acción fue interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la parte agraviada espera que la resolución respectiva llegue en un tiempo prudente para por fin cerrar un doloroso ciclo con la certeza de que se hizo justicia. Alberto Curamil

Curamil es werken de la Alianza Territorial Mapuche y de la comunidad Pancho Curamil, de la comuna de Curacautín, y los hechos que dieron lugar a la querella ocurrieron en febrero de 2014 en Temuco, tras ser detenido por participar en una protesta por la sentencia condenatoria contra el machi Celestino Córdova en el proceso por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Su aprehensión ocurrió en la vía pública y fue ejecutada por carabineros. La violencia de sus aprehensores fue subiendo de tono y explotó a su máximo nivel en el interior del carro policial al que fue llevado, donde recibió golpes de todo tipo, de parte de una cantidad indeterminada de policías, además de toda suerte de amenazas e insultos racistas.

La situación fue abordada por Carabineros de Chile en sentido inverso a la lógica de lo ocurrido, acusando al detenido de agresión y maltrato de obra a Carabinero en servicio. Y como tal fue investigada por el Ministerio Público, en un proceso que  concluyó el 12 de marzo con un fallo dictado por la jueza Luz Mónica Araneda en el que se establece que “al no “haber ni reunir las pruebas suficientes para formar convicción condenatoria se absuelve al imputado Alberto Curamil”.

El INDH consideró pertinente y necesario investigar lo ocurrido y para ello interpuso una querella, el 2 de julio de 2014, ante el Juzgado de Garantía de Temuco. En ella se señala que la situación padecida por Curamil configura la hipótesis de tortura tanto física como sicológica, sostiene que esta práctica se ejecutó en un vehículo de Carabineros de Chile y en el recinto de detención de la Segunda Comisaría de Temuco; que se le negó el auxilio necesario ante las precarias condiciones físicas en que se encontraba y que fue amenazado y tratado con prácticas ignominiosas y degradantes, entre ellas la de lanzarle chorros de agua mientras se encontraba en indefensión absoluta.

La querella pone de relieve la condición de funcionarios públicos de quienes ejecutaron actos de violencia en contra de un detenido ”reducido, esposado y  vulnerable”. Fundamenta, además, la hipótesis de tortura señalando que “la conducta desplegada por los funcionarios fue dirigida no sólo a infligir padecimiento físico a la víctima, sino además, a quebrantar su voluntad mediante expresiones racistas y amenazantes”, las cuales, “proferidas en un contexto de disciplinamiento del cuerpo tienen como finalidad última disciplinar el alma, es decir, constituyen en el contexto, un acto de tortura sicológica, por la denostación a la cultura y procedencia étnica de la víctima simbolizando potencial violencia a ejercer y desprecio a sus valores”.

También plantea que la aplicación de tormentos o tortura constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales y mecanismos humanitarios a los que ha adscrito el Estado de Chile, y detalla la jurisprudencia nacional e internacional surgida sobre todo en las últimas décadas con el objeto de poner término a estas prácticas.

Los hechos denunciados son absolutamente claros y las evidencias abundan. Hay testimonios, fotografías y videos que demuestran que Curamil fue detenido en condiciones físicas normales y que cuando se le pudo ver en el lugar de detención su rostro y su cuerpo exhibían las huellas del trato salvaje del que fue objeto. El caso ha sido investigado, se han realizado las diligencias pertinentes y los resultados demuestran fehacientemente la efectividad de las denuncias. Incluso existen testimonios de carabineros que confirman lo expuesto por la víctima. Sin embargo, hasta ahora la fiscalía no ha logrado establecer responsabilidades individuales.

Se aguarda que esta causa evolucione y se cierre con un fallo esclarecedor y que aplique el rigor de la ley a los culpables.

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