Ante el deber de denunciar la impunidad

Comunicaciones ANIDE

Los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,por su sigla) en inglés) se han abocado a promover y defender los derechos básicos de las personas sobre la base de las herramientas que provee el propio derecho internacional de derechos humanos. Tuvieron una relevante experiencia en la presentación del “caso de los lonkos” (Caso Aniceto Norín y otros) que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en julio de 2014 con un fallo condenatorio contra el Estado de Chile estableciendo que sus tribunales violaron los principios de legalidad, igualdad y no discriminación en el proceso y vulneraron una serie de derechos fundamentales de los inculpados.

Juliana Bravo, abogada de CEJIL, explica el sentido y la importancia de exponer la situación de violencia que afecta a niños y niñas mapuche ante el sistema interamericano debido a la ausencia de una respuesta efectiva del Estado en relación con su deber de proteger los derechos de la infancia indígena.

– ¿Qué espera CEJIL y por qué decide participar en esta audiencia temática de la CIDH en que se expone la situación de violencia en que viven los niños y niñas de comunidades indígenas en el sur de Chile?

– Dentro del mandato institucional que tiene CEJIL, temáticas como la violencia policial, la protección especial que requiere la niñez y la situación de los pueblos indígenas son prioridades. En particular, hace varios años que acompañamos las violaciones a los derechos humanos que afectan al pueblo Mapuche. Por ello, trabajar en esta iniciativa con ANIDE y con la Alianza Territorial Mapuche -ambas con un compromiso histórico con estas situaciones- constituyó una oportunidad que nos permitió potenciar nuestras capacidades.

– ¿Cuál es el planteamiento central que CEJIL hizo en esta audiencia de la CIDH?

– Nos interesaba mostrarle a la comunidad internacional -a través del mecanismo de las audiencias temáticas públicas- la manera en que el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad chilenas violan los derechos de las comunidades, y en particular la manera en que esta práctica afecta a niños, niñas y adolescentes.

También era central denunciar la impunidad en que estos hechos se encuentran. Consideramos importante exponer que, aún cuando el propio Poder judicial en Chile había reconocido la práctica abusiva de Carabineros, no hay datos públicos que demuestren que se iniciaron acciones penales o actuaciones administrativas para establecer alguna consecuencia por este accionar absolutamente violatorio de las obligaciones que le caben a las fuerzas de seguridad.  El Estado tampoco informó de ninguna gestión en este sentido.

– ¿Cuál es la originalidad que para la Comisión podría tener la situación que vive la niñez indígena en Chile respecto de otros países de la región?. ¿O el escenario de violencia que se expuso tiene similitudes con los que viven otros pueblos indígenas?

– Lamentablemente, las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, no son una originalidad en el continente, menos aún si pensamos en pueblos indígenas. Pero por eso mismo, lo consideramos muy importante.

La militarización de la Región de la Araucanía afecta a todos quienes viven allí, pero existe una dimensión específica en la forma en que la misma se traduce en la vida de niños y niñas por lo que representa en términos del proyecto de vida colectivo de la comunidad. Creemos que eso surgió claramente de las exposiciones y las evidencias que se presentaron durante la misma.

– ¿La misma Comisión ha conocido otras denuncias contra el Estado de Chile por casos de abusos o incumplimiento de sus obligaciones  respecto de los pueblos originarios? ¿Cuáles han sido sus resoluciones y qué efectos han tenido en la práctica?

– La decisión más reciente del sistema interamericano ha sido la sentencia que la Corte Interamericana tomó en el caso Norín Catriman y otros. En esa causa -en la que CEJIL actuó como representante del werken Víctor Ancalaf- se denunciaron violaciones a las garantías judiciales y la aplicación de la Ley Antiterrorista a líderes del pueblo mapuche en respuesta a sus  reclamos históricos por sus derechos ancestrales.

En este caso la Corte Interamericana condenó a Chile y ordenó reparaciones de distinto tipo que fueron desde compensaciones económicas, atención méedica y becas de estudio, y la eliminación de todos los antecedentes administrativos y judiciales.

Existen otros casos, que aúun se encuentran en trámite. CEJIL actúa en el caso del joven Alex Lemún, en el que se denunció a Chile por su asesinato  y la falta de investigación y sanción de los responsables. El caso tiene informe de admisibilidad y se encuentra en etapa de fondo.

También cuentan con admisibilidad los casos de la Comunidad Indígena Aymará de Chismiza-Usmagama, en el que se denuncian violaciones a su derecho de propiedad ancestral; y el de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos que pone en foco las afectaciones que el proyecto minero Pascua Lama provoca en territorios ancestrales de la comunidad.

– ¿Qué sentido tiene recurrir ante la CIDH? ¿Qué se puede esperar si en el país donde ocurren los abusos denunciados los dictámenes de los tribunales de justicia no son acatados?

– Acudir a la instancia internacional cobra sentido en una doble dimensión. Una individual, que tiene que ver con el caso propiamente denunciado, en el que se espera haya justicia para las víctimas, mediante una decisión del tribunal internacional, que reconozca las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, y que además, como en el caso de Víctor Ancalaf, se ordenen medidas de reparación para que los hechos no vuelvan a repetirse.

Chile tiene pendiente el de cumplimiento de algunas sentencias muy importantes. Por ejemplo, en el caso Palamara Iribarne, la Corte Interamericana le ordenó al Estado de Chile que reforme la jurisdicción militar para adecuarla a la Convención Americana. Y Chile todavía no ha cumplido con esa medida.

En estos casos, la tarea es insistir y articular esfuerzos para impulsar  el cumplimiento cabal y efectivo de todas las medidas de reparación.

 

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