El Estado ha profundizado este tipo de vulneraciones

Comunicaciones ANIDE

La abogada Manuela Royo Letelier participó activamente en la preparación de esta audiencia temática. Conoce de cerca los casos expuestos y ha representado a la Alianza Territorial Mapuche en las acciones realizadas ante los tribunales para reclamar justicia por las niñas, niños y adolescentes mapuche que han sido víctimas de abusos y de violencia. Por esa razón ante la CIDH expuso con toda propiedad y conocimiento de causa la dura realidad en que se encuentra la infancia indígena.

– Hace cuatro años Fundación ANIDE y ROIJ Chile concurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación de gravísimos abusos contra la niñez mapuche que venían ocurriendo en Chile. En octubre de este año el mismo organismo asiste a la exposición que usted realiza con una nueva serie de casos de violencia cometidos contra niños y niñas del pueblo mapuche. ¿Hay algo de nuevo en su planteamiento? Y, de acuerdo a los hechos examinados para esta nueva audiencia, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el trato del Estado y de sus instituciones policiales a las comunidades mapuche?

– En realidad no hay nada nuevo en nuestra exposición, ya que nuestro principal objetivo fue denunciar que, pese a las indicaciones de la misma Comisión Interamericana, el Estado chileno ha mantenido sistemáticamente una política de violencia en contra de niños y niñas mapuche. Lo peor, es que el Estado en vez de hacerse cargo de esta situación, ha profundizado este tipo de vulneraciones, ya que no existe ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa a quienes han disparado contra niños y niñas indígenas al interior de sus comunidades, o en espacios públicos como hospitales y escuelas.

– ¿Cree usted que la situación de conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas que en la Región de la Araucanía impulsan sus reivindicaciones sociales abona el terreno para este trato de violencia contra la niñez mapuche que usted denuncia?

– Estas situaciones de violencia no son aisladas; se encuentran insertas en un contexto social que es parte de la lucha histórica del pueblo mapuche por la recuperación territorial y reconstrucción cultural, que ha sido criminalizada por el Estado chileno. Por lo tanto, se intenta justificar las situaciones de violencia como propias de una acción en resguardo del orden público y de la propiedad privada. Por otra parte, son acciones que evidentemente no tienen ninguna proporcionalidad ni sentido en un Estado donde se respeten los derechos humanos y se reconozcan también los derechos como pueblo que tienen los indígenas.

– ¿Puede resumir algunos de los casos más ilustrativos de la situación expuesta ante la CIDH que usted pueda mencionar?

– Los casos que presentamos fueron solo una muestra de una realidad mayor. En nuestra presentación escogimos los casos donde habíamos tenido participación como ATM. El primero de ellos, corresponde a la detención del niño F.M., de 7 años de edad, las lesiones de balines por disparos de escopeta que sufrieron la niña F.M. y el niño A.M. al interior del hospital de Collipulli; las lesiones causadas al niño M.M.; los disparos de gases efectuados contra el furgón escolar y la escuela de Temucuicui; los allanamientos perpetrados en Trapilwe y Mawidache, que afectaron a 73 niños mapuche sçoolo en dos comunidades entre los años 2011 y 2015.

– Los casos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han sido conocidos por la justicia e incluso existen fallos de los tribunales superiores que reconocen abusos policiales  y exigen a sus mandos “efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas”. ¿Sostiene usted que estos dictámenes no son cumplidos?, ¿cuál fue su planteamiento al respecto en esta audiencia?

– Claramente los mandatos de la Corte no son cumplidos. Todos los casos que presentamos son ejecutados uno tras otro, haciendo caso omiso a las disposiciones de la justicia chilena. Creemos que esto se debe a la impunidad de que gozan los funcionaros policiales, porque pese a ser acogidos, los amparos no generan ningún efecto real en los responsables.

– Carabineros asegura que cuenta con protocolos especiales para sus intervenciones en las comunidades indígenas y para el trato de niños y niñas. ¿Existen efectivamente esos protocolos y qué dice la realidad cuaándo son llevados a la práctica en el territorio mapuche?

– Sí, esos protocolos existen. Pero no son respetados, ya que tienen una función meramente orientadora, ya que su incumplimiento no genera ninguna sanción.

– ¿Qué comentario puede hacer respecto de los descargos que el representante del Estado de Chile hizo ante la CIDH respecto de la situación que usted expuso?

– El Estado no se hizo responsable de esta situación; ni siquiera pidió disculpas por estos hechos, lo que desde ya nos da indicios de la escasa relevancia política que los derechos de los niños y niñas indígenas tienen para el Estado de Chile.

– ¿Cuál fue su exigencia ante el organismo internacional y qué espera usted que ocurra tras esta exposición?

-Solicitamos diversas medidas, como reparación a los menores afectados, investigación y sanción hacia los responsables, como así también transparencia respecto de los nombramientos y, como así también la adecuación de la normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos.

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