Los descargos del Estado

Comunicaciones ANIDE

El embajador Juan Pablo Lira, a cargo de la Delegación Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), asistió a la audiencia temática “Denuncias sobre violencia contra niños y niñas indígenas mapuche e impunidad en Chile” y leyó un extenso documento que constituye la respuesta del Estado de Chile a la denuncia realizada por la Alianza Territorial Mapuche ATM, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación Anide.

Una solicitud de entrevista del  Boletín Pichikeche para confrontar sus afirmaciones con los hechos expuestos ante esta comisión no obtuvo respuesta.

El texto presentado por el embajador Lira comienza desautorizando la denuncia de los recurrentes con el argumento de que sólo expresa una situación en términos amplios y generales, y respecto de los hechos de violencia ocurridos en las comunidades mapuche plantea que la acción policial es regulada de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, que permite ejercer acciones ante los tribunales de justicia en los casos en que se estime que la legalidad ha sido sobrepasada.

Plantea además que el Gobierno ha manifestado su preocupación y dictado medidas en favor de niños, niñas y adolescentes indígenas. Entre estas medidas menciona la creación de una mesa técnica para la revisión de los protocolos de actuación de las policías y de Gendarmería para el trato de niños y niñas indígenas de acuerdo a las normativas internacionales. Hizo mención a consideraciones de respeto a los códigos culturales indígenas, la presencia de mediadores e intérpretes en los juicios y la formación de agentes y de funcionarios del Estado en derechos de los pueblos originarios y de niños, niñas y adolescentes indígenas. Destaca también la creación y el papel desarrollado por la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Penal Mapuche  en numerosos casos judiciales.

Reconoció también que las cortes han acogido recursos de amparo en favor de niños, niñas y adolescentes mapuche afectados por violencia del Estado, ordenando a las policías adecuar sus actuaciones respetando los derechos de la infancia indígena. “El Poder Judicial en esta materia ha acogido mayoritariamente los recursos presentados, ha consignado que han existido violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y en algunos casos ha incluido instrucciones generales a las policías para sus procedimientos, como también ha adoptado medidas específicas para garantizar que se sociabilicen estas decisiones judiciales, que se investigue el uso excesivo de la fuerza policial, que se adopten las decisiones judiciales de manera oportuna, que se escuche a los niños, niñas y adolescentes mapuches en las decisiones que los afecten”, señaló.

Destacó además que la Corte Suprema ha resuelto que los tribunales ordinarios son los que tienen competencia para tratar las causas en que hay civiles afectados estableciendo que la actuación de tribunales militares no se condice con un estado de derecho en tiempos de paz.

Hizo también un extenso análisis de las iniciativas desarrolladas por el Poder Judicial en orden a proteger los derechos de la niñez indígena, destacando el respeto a la institución del recurso de amparo y la dictación de medidas para que se investiguen las denuncias en que niños, niñas y adolescentes indígenas aparecen victimizados, para que se escuche su testimonio y para que se entregue capacitación a los miembros de tribunales que deben resolver causas en que aparecen implicadas personas del pueblo mapuche.

Por otra parte, destacó que niños, niñas y adolescentes han sido excluidos de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y de la Ley Antiterrorista mientras que el Gobierno se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a las causas relacionadas con reivindicaciones indígenas.

Mencionó al Sename como organismo del Estado activo y preocupado por los hijos de los pueblos originarios y por el respeto de su cultura, enumerando una serie de iniciativas lanzadas por el Gobierno que dicen relación con derechos de la niñez indígenas y con políticas de infancia con pertinencia cultural.

Sostuvo que “todo lo anterior indica que los hechos denunciados no forman parte de una política estatal en esta materia y el Estado ha hecho esfuerzos por ajustarse a los estándares internacionales”.

La debilidad de la presentación hecha por el embajador Juan Pablo Lira estriba en que, llevada a terreno, la realidad termina desvirtuando su extensa lista de buenas razones. Al final, la reiteración de las vulneraciones de derechos de la infancia mapuche por parte de agentes del Estado determina el fracaso de las políticas generadas y dictadas desde las cómodas oficinas de la burocracia de este mismo Estado.

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