Un paso para avanzar hacia la verdad

Comunicaciones ANIDE

alberto pascual curamilA un año del grave episodio de violencia  que fue víctima una autoridad del pueblo  mapuche, el werken Alberto Pascual Curamil Millanao, éste fue absuelto por la justicia chilena en la causa que sus agresores levantaron con el propósito de desvirtuar los hechos y rehuir sus responsabilidades. Después de esta sentencia debería avanzar con fluidez la investigación de la querella dirigida a esclarecer lo que realmente ocurrió y a que sus autores reciban las debidas sanciones.  

albeerto pascual curamil 3En febrero de 2014 miembros de diversas comunidades mapuche se reunieron en Temuco para protestar contra la sentencia que condenó  al machi Celestino Córdova en el proceso por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. La manifestación fue disuelta y severamente reprimida por carabineros y uno de los numerosos detenidos en esa jornada fue Alberto Curamil, werken de la Alianza Territorial Mapuche y lonko de la comunidad Pancho Curamil, de la comuna de Curacautín.

Curamil fue aprehendido en la vía pública por un carabinero que lo apuntaba con su arma de servicio, y reducido en seguida por un grupo de uniformados que lo lanzaron al suelo y esposaron dando inicio a un episodio de brutal violencia con golpes de todo tipo, que continuó después en el interior del vehículo en que fue trasladado, con participación de una cantidad indeterminada de policías y que además incluyó toda suerte de amenazas e insultos fundamentalmente de carácter racista.

Denunciados los hechos, la situación generó el rechazo de las comunidades mapuche y de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, el caso fue abordada por el Ministerio Público y Carabineros de Chile en sentido contrario, y en lugar de investigar lo ocurrido  y sancionar a los responsables, terminó acusando a Alberto Curamil  de “agresión y maltrato de obra a Carabinero en servicio”.

En la causa abierta por el Tribunal del Oral de Temuco, el fiscal Ítalo Ortega acusó al dirigente mapuche de haber agredido  a golpes a un capitán de Carabineros, el que en la audiencia correspondiente confirmó la acusación y declaró que “conocía perfectamente a Curamil, incluso, su residencia y familia en Curacautín desde hace varios años”.

La defensa, a cargo del abogado José Luis Correa, de la Defensoría Penal Mapuche, logró poner en evidencia las inconsistencias de la acusación y las contradicciones del acusador respecto del lugar, tiempo y veracidad de los hechos.

La causa concluyó el pasado jueves 12 de marzo con la lectura del fallo dictado por la  jueza Luz Mónica Araneda, que establece que al no “haber ni reunir las pruebas suficientes para formar convicción condenatoria se absuelve al imputado Alberto Curamil”.

QUERELLA POR TORTURAS

Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, “la  situación padecida por Curamil configura la hipótesis de tortura tanto física como sicológica, que se ejecutó en un vehículo de traslado de detenidos de Carabineros de Chile de dotación de la Segunda Comisaría de Temuco, y en el recinto de detención propiamente tal, negándole el  auxilio necesario ante las precarias condiciones físicas en que se encontraba y amenazándolo con prácticas ignominiosas y degradantes, como es lanzarle chorros de agua mientras se encontraba en indefensión absoluta con una de sus piernas lesionada, manteniéndose en pie solo a fuerza de voluntad y orgullo”

Así lo plantea en la querella que la directora del INDH, Lorena Fries, interpuso el pasado 2 de julio ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

El escrito detalla la experiencia vivida por Curamil, y recuerda que durante el trayecto desde el lugar de detención “temió por su vida ya que no podía respirar por lo repetitivo e intenso del castigo” recibido, así como ”por la sangre que colmaba sus vías respiratorias” y señala que “a la violenta y prolongada golpiza a que fue sometido por parte de los funcionarios policiales se suma la constante expresiones intimidatorias de contenido racista”.

La querella pone de relieve la condición de funcionarios públicos de quienes ejecutaron actos de violencia en contra de un detenido ”reducido, esposado y  vulnerable”. Fundamenta, además, la hipótesis de tortura señalando que “la conducta desplegada por los funcionarios fue dirigida no sólo a infligir padecimiento físico a la víctima, sino además, a quebrantar su voluntad mediante expresiones racistas y amenazantes”, las cuales, “proferidas en un contexto de disciplinamiento del cuerpo tienen como finalidad última disciplinar el alma, es decir, constituyen en el contexto, un acto de tortura sicológica, por la denostación a la cultura y procedencia étnica de la víctima simbolizando potencial violencia a ejercer y desprecio a sus valores”.

También plantea que la aplicación de tormentos o tortura constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales y mecanismos humanitarios a los que ha adscrito el Estado de Chile, y detalla la jurisprudencia nacional e internacional surgida sobre todo en las últimas décadas con el objeto de poner término a estas prácticas.

La querella por torturas contra el werkén Curamil no es la única que aguarda una resolución de la justicia. Se suma a otras causas por malos tratos y abusos policiales contra miembros de las comunidades mapuches que aguardan resolución en los tribunales de Temuco.

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