Comunicaciones ANIDE
Dos causas judiciales que constatan violencia y graves delitos de agentes del Estado en contra de adolescentes se encuentran en etapa de investigación en tribunales de la Región de la Araucanía. En ambos casos los responsables son funcionarios policiales que bajo amenaza armada aplicaron castigo físico y sometieron a tratos degradantes a personas menores de edad.
En Lautaro, el pasado 23 de octubre el jefe de la Sede Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Federico Aguirre, interpuso una querella por torturas perpetradas por personal de la Policía de Investigaciones en contra de un niño de 16 años. La acción judicial pide que se establezcan las responsabilidades y se aplique a los autores la penalidad correspondiente a la gravedad de los delitos.
El hecho que da origen a esta presentación ocurrió el 24 de junio, cuando H.D.S.A., de 16 años, se encontraba jugando junto a un grupo de amigos en una plaza cercana a su domicilio. Sin causa aparente fue detenido y trasladado al cuartel de la PDI en Lautaro, donde fue violentamente agredido verbal y físicamente. En su declaración ante el tribunal, la víctima detalla que “el mismo funcionario que lo amenazó, lo conduce apuntado con una pistola por dependencias interiores del cuartel, sujeto del cuello, esposado y lo empujaba” y que luego, al entrar a una oficina, “me empuja y me pone un palmetazo aquí en la oreja pero fuerte a mano abierta y me dejo sordo altiro….”.
Según consta en la querella, los golpes propinados por el policía le provocaron al adolescente una rotura de tímpano en el oído derecho, lo que ha sido corroborado con certificados médicos que se acompañan al escrito. Además la acción judicial denuncia que, una vez ingresado al calabozo, el adolescente fue obligado a desnudarse, lo que a juicio del INDH representa un trato cruel agravado por tratarse de un niño.
Junto con exponer los hechos, el INDH pide en la querella que se cite a declarar a los funcionarios del cuartel de la PDI en Lautaro y al personal médico que realizó la constatación de lesiones, entre otras diligencias. La causa se encuentra abierta y en espera de que el tribunal ordene la realización de las diligencias solicitadas.
Comunidad Coñomil Epuleo
Mientras tanto, sigue también en desarrollo la causa iniciada en el Juzgado de Garantía de Collipulli para investigar la querella por torturas en perjuicio de C. E. A.D., de 14 años de edad; H. R. M. C., de 16 años y D. A. M. C., de 17 años, de la comunidad Coñomil Epuleo. En este caso se encuentra establecido que los responsables de los hechos ocurridos el 26 de octubre de 2014 son funcionarios de Carabineros de Chile.
En el escrito que acompaña la querella se describe que los adolecentes participaban junto a miembros de su comunidad en un proceso reivindicatorio de territorios ancestrales al interior de un predio del empresario Hernán Bayer, en la comuna de Ercilla, lo que motivó el desalojo de los ocupantes por parte de Carabineros. Añade que los adolescentes junto a otros comuneros huyeron del lugar y fueron perseguidos por los agentes policiales que finalmente los detuvieron, sometiéndolos a un prolongado y brutal castigo que incluyó golpes de pies, manos y de escopetazos, e incluso el impacto de un disparo que uno de los carabineros ejecutó apoyando el cañón de un arma en la cabeza de uno de ellos.
En la presentación hecha por el INDH se indica que “del relato de los hechos, podemos concluir que las víctimas sufrieron diversos apremios tanto físicos como psíquicos, golpes y agresión verbal, los que se agravan en consideración a que ellos fueron infringidos o proferidos teniendo en consideración su pertenencia a la etnia mapuche; y las amenazas proferidas por quienes se encuentran facultado por ley para portar y usar armas, representa un escenario fáctico posible de un mal mayor cuando en el contexto de la detención son víctimas de tortura, violencia injustificada en contra de un detenido reducido, esposado, vulnerable”.
Por estos hechos la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo en enero de 2015, y en su resolución reconoció que “el rigor desplegado” contra los adolescentes los había afectado en sus “derechos y garantías”, provocándoles “un evidente detrimento” a su “libertad personal y seguridad individual”. El tribunal además estimó que los antecedentes eran de tal gravedad que ordenó remitirlos al Ministerio Público.
Aparte de la iniciativa del INDH no se conoce del resultado de investigaciones que las instituciones involucradas deberían haber promovido dada la gravedad de los hechos denunciados.
Programa Pichikeche 