Editorial
De bajo perfil y sin mayor despliegue comunicacional concluyó la visita oficial de nueve días que realizó a Chile el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston. Durante su estadía sostuvo encuentros con autoridades de Gobierno y representantes de organismos humanitarios y de la sociedad civil, además de visitas a terreno para constatar la realidad de las personas que viven en la extrema pobreza. La Región de la Araucanía fue parte de este recorrido y reflejo de ello es el énfasis que sus observaciones preliminares ponen en la situación de las poblaciones indígenas.
Las conclusiones y recomendaciones finales de esta visita serán presentadas en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016. Sin embargo, antes de dejar el país el pasado 24 de marzo, el Relator Especial adelantó entre las evidencias constatadas que el país ha logrado avances notables en términos de crecimiento económico, pero persisten tasas preocupantes de pobreza extrema y niveles de desigualdad extremadamente altos.
Sostuvo también que “existe aun mucho por hacer antes de poder decir que los derechos humanos entregan los fundamentos sobre los que descansan las políticas sociales y económicas”.
Alston destacó además que la Constitución debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas y que éstos “son el talón de Aquiles del historial de Chile en materia de derechos humanos en el siglo XXI”. Agrega que los temas de la disputa son complejos y de amplio espectro, y las soluciones no serán sencillas, “pero pareciera existir demasiado poca disposición para abordarlas más que de modo superficial. No obstante, si el Gobierno es serio en su compromiso de poner fin a la pobreza extrema y reducir la desigualdad, la política indígena deberá ser uno de los instrumentos más importantes entre tales esfuerzos”.
Asimismo, se refirió a la ambigüedad y contradicciones existentes en torno a la población indígena. “El hecho de que el Estado no tenga una noción clara del número de sus ciudadanos indígenas es sintomático. Esto impide el diseño de una política eficaz y su focalización, además de plantear cuestionamientos acerca de la consulta”, señala. “Sin embargo, lo que no se cuestiona, es que las cifras de pobreza son especialmente altas para la población indígena” y constata que “casi un tercio de toda la población indígena vive en situación de pobreza de acuerdo a esta medida”.
Afirma luego que el Estado ha sido renuente a abordar el problema de exclusión, marginalización y discriminación, y sus políticas han sido fuertemente criticadas por un amplio rango de organismos internacionales, recordando las consideraciones que sobre las mismas materias realizó el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson.
A pesar del carácter académico y del tono reposado de su informe, el Relator Alston es enfático y directo para decir las verdades en torno a la realidad de la pobreza y a la responsabilidad que corresponde en este tema a quienes deben resolver los problemas. A ellos les dice sin ambigüedades ni rodeos que “ningún esfuerzo serio por eliminar la extrema pobreza en Chile podrá tener éxito sin una focalización concentrada sobre la situación de los pueblos indígenas”.
Plantea enseguida nueve medidas centrales que debería adoptar el Estado de Chile para avanzar en esta responsabilidad, comenzando por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos; el cumplimiento del Gobierno de sus obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT, y la necesidad de que se reconozca el carácter vinculante de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Afirma también que el Censo de 2017 debería permitir al encuestado identificarse como indígena.
Añade que resolver el tema territorial “es central para resolver el tema de la pobreza indígena” y propone además la preparación, “en consulta con los grupos relevantes”, de una estrategia integral para la eliminación de la pobreza indígena”.
Destaca además la importancia de crear un Ministerio Indígena, pero advierte que “es indispensable la consulta con los grupos indígenas a fin de arribar a un diseño apropiado”. Y pone atención también en la debilidad de la presencia indígena en los cargos de representación.
Finalmente fija la mirada en las industrias que operan en los territorios reclamados por los pueblos indígenas y les exige un apego mínimo a los Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En momentos en que los desastres naturales vuelven aún más aflictiva la vida de las comunidades indígenas, sobre todo a las del territorio mapuche, las verdades expresadas por el Relator de Naciones Unidas refuerzan la denuncia permanente de una realidad amarga que corresponde reconocer y resolver.
El presente boletín Pichikeche presenta ejemplos de esta realidad y de estas verdades amargas con un tema sobre los incendios de bosque y la sequía y los abusos en el ámbito de los derechos humanos. También expone un esfuerzo destacable en la tarea de difundir la enseñanza de la lengua mapuche y un aporte al tema de la jurisprudencia en el campo de los derechos de la niñez indígena.
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